El Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos (FDDIC), administrado por la Defensoría del Pueblo, informó a la comunidad beneficiaria de la acción de grupo del río Anchicayá que el trámite administrativo para el pago de las indemnizaciones reconocidas "se ha adelantado con total normalidad".
Según el comunicado, con fecha del 28 de julio de 2026, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, administrado por la Defensoría del Pueblo, informa que el trámite de pago de las indemnizaciones reconocidas a la comunidad beneficiaria de la acción de grupo del río Anchicayá avanza con normalidad.
A la fecha, se han expedido nueve resoluciones que ordenan el reconocimiento y desembolso de las indemnizaciones a 4.416 personas, equivalentes al 65 % del total de beneficiarios. Otros tres proyectos de resolución cuentan con disponibilidad presupuestal y se encuentran en revisión final para su expedición.
El documento precisa que el trámite para la expedición de una resolución de pago tiene una duración promedio de dos meses y medio desde que comienza su construcción y la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal, tiempo en el cual se adelantan verificaciones de documentación, identidad del beneficiario, información bancaria y autorizaciones para pagos a terceros.
La entidad se refirió además a declaraciones de un líder comunitario, difundidas el viernes 24 de julio en un medio digital, según las cuales los bloqueos viales serían una vía para lograr el pago de las indemnizaciones. Al respecto, el Fondo reiteró que "de ningún modo, el ejercicio de vías de hecho cambia, acelera o genera modificaciones en los tiempos del proceso administrativo" para la expedición de las resoluciones.
Por el contrario, señaló la entidad, las afectaciones derivadas de bloqueos y alteraciones al orden público distraen la atención necesaria para el correcto y oportuno trámite de expedición de actos administrativos y posteriores pagos a los beneficiarios.
El comunicado reveló también que el Fondo recibió una denuncia anónima sobre presuntas conductas de extorsión, constreñimiento ilegal y amenazas contra miembros de los consejos comunitarios de Sabaletas, Bogotá y La Loma. De acuerdo con la denuncia, personas inescrupulosas habrían utilizado la información de las resoluciones de pago para exigir sumas entre $ 1.500.000 y $ 3.000.000 a cada beneficiario, con el fin de cumplir "compromisos adquiridos" con grupos al margen de la ley.
Recordamos que, ante una denuncia sobre posibles amenazas, extorsiones y cobros indebidos a integrantes de la comunidad, trasladamos la información a las autoridades competentes y activamos las rutas institucionales de prevención y protección.
Entre las gestiones adelantadas, la Defensoría trasladó la información a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones correspondientes, remitió el caso a la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y compartió el documento con la Dirección Nacional de Atención, Trámite de Quejas y Peticiones, con miras a evaluar medidas de protección colectiva ante la Unidad Nacional de Protección.
Los trámites de pago son gratuitos y no requieren intermediarios, salvo la representación de abogados designados directamente por los beneficiarios. Invitamos a la comunidad a consultar únicamente los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo y a no atender información de fuentes no oficiales que pueda generar desinformación o expectativas equivocadas.
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