A un mes del sismo de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto de 2026, sectores de Buenaventura continúan manifestando su inconformidad porque, según afirman, funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Distrital no se han acercado a sus barrios para verificar el estado real de las viviendas afectadas. Esta versión contrasta con los anuncios recientes de la Administración Distrital sobre avances en la atención a la emergencia.
La directora de Gestión del Riesgo, Diana Vanessa Cabrera, informó que el viernes 4 de septiembre concluyó el Registro Único de Familias Damnificadas, proceso que contó con el apoyo de los presidentes de las juntas de Acción Comunal y mediante el cual se censó a los hogares afectados en las zonas urbana y rural del distrito.
Según la administración, esta información será la base para la entrega de un bono económico de $ 3.150.000 a las familias que acrediten pérdida total de la vivienda o inhabitabilidad por daños estructurales.
Sobre este proceso, la mandataria distrital afirmó que "estamos revisando censo por censo, familia por familia, para garantizar que cada peso llegue a quien realmente perdió su hogar. La transparencia no es negociable en este proceso". Sin embargo, para varios residentes de barrios afectados, esta afirmación no se ajusta a lo que han vivido durante el último mes, pues aseguran que ningún funcionario se ha presentado en sus sectores para constatar los daños.
La directora técnica de Vivienda del distrito, Merlin Díaz Villota, explicó en la mañana del jueves 10 de septiembre a un mes del sismo, que la recolección inicial de información se adelantó "en conjunto con las juntas de Acción Comunal" y que el trabajo primordial se realizó con la comunidad para que esta entregara los datos de primera mano. No obstante, testimonios recogidos en distintos sectores de la ciudad señalan que ese acompañamiento no habría llegado de manera uniforme a todos los barrios afectados por el sismo.
La Administración Distrital sostiene que la etapa actual corresponde a la consolidación y verificación de la información recolectada, con el fin de que el bono económico sea entregado exclusivamente a quienes cumplan los criterios establecidos. Para la comunidad, sin embargo, persiste la duda sobre cómo se garantiza la veracidad de un censo cuando, según denuncian, no hubo una verificación técnica en terreno en varios de los barrios más golpeados.
De acuerdo con cifras entregadas por la Directora Técnica de Cultura, el distrito registra alrededor de 16.000 viviendas averiadas, 1.700 colapsadas y 9.557 no habitables. Ante esta magnitud, residentes cuestionan si el proceso de revisión "censo por censo, familia por familia" anunciado por la mandataria alcanza a cubrir de manera efectiva la totalidad de los hogares afectados en las zonas urbana y rural de Buenaventura.
Además de la verificación pendiente, varios líderes comunitarios han señalado que la atención no puede limitarse a la entrega de mercados y enseres, ayudas que, si bien reconocen como necesarias en la fase inicial de la emergencia, no resuelven de fondo la situación de quienes perdieron sus viviendas o las tienen severamente afectadas. Para estos sectores, la prioridad debe trasladarse hacia la reconstrucción habitacional.
En ese sentido, la comunidad ha insistido en que la respuesta institucional debe centrarse en una reconstrucción de vivienda digna y holística, que no se limite a soluciones temporales o a la entrega de ayudas de emergencia, sino que garantice condiciones seguras y sostenibles de habitabilidad a largo plazo para las familias damnificadas.
A un mes del sismo, la distancia entre el discurso institucional sobre transparencia y organización, y la experiencia de buena parte de la comunidad afectada, plantea un desafío para la Alcaldía Distrital de Buenaventura, que deberá reforzar su presencia en terreno y ampliar su enfoque hacia la reconstrucción de vivienda si pretende que la entrega del bono y la ruta de recuperación respondan a la realidad reportada por los propios damnificados.
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