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La Alcaldía Distrital de Buenaventura adelanta una ronda de socialización sobre el precio público por circulación, reglamentado mediante el Decreto Distrital 0338 del 26 de agosto de 2026. Según la administración, los recursos recaudados tendrán destinación específica para proyectos de movilidad e infraestructura vial.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Edison Bioscar Ruíz Valencia, explicó que el cobro no recae sobre camioneros, conductores ni empresas de transporte, sino sobre el propietario de la carga. La norma fija una tarifa de $4.235 por tonelada transportada desde o hacia las terminales portuarias del Distrito.

De acuerdo con el decreto, el pago se hará al momento del ingreso o retiro físico de las mercancías del terminal y deberá aparecer de forma separada en la factura o documento de cobro. El funcionario se refirió además a los sobrecostos que generan las demoras y la congestión para la cadena logística.

"Un camión de 30 o 35 toneladas no paga más allá por esa carga de 120 o 130 mil pesos. Hoy, multiplíquense eso por lo menos por 10 o 20 veces por las horas que le toca pasar en la vía", afirmó Ruíz Valencia.

El Decreto 0338 establece que los recursos se destinarán exclusivamente a proyectos relacionados con la movilidad y la infraestructura vial, entre ellos:

  • Construcción de proyectos viales y su señalización.
  • Administración y mantenimiento técnico de los proyectos construidos.
  • Reparación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado.

La administración aclaró que la medida no corresponde al proyecto de "tasa por congestión" que estuvo en discusión ante el Concejo Distrital. Se trata, según indicó, de un precio público sustentado en un estudio técnico, financiero y de movilidad, con un informe de más de 500 páginas que reposa en la Secretaría de Tránsito y Transporte.

El decreto contempla exenciones para cargas destinadas a la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, así como para ayudas humanitarias o bienes esenciales en situaciones de calamidad pública y determinadas operaciones de transbordo. La Alcaldía precisó que este precio público "no es un impuesto ni una tasa por congestión" y que continuará socializando la medida con la ciudadanía, el sector portuario y los demás actores de la cadena logística.