Porque pese a que ha sido celebrada la prohibición de actividades mineras en páramos, reservas forestales y humedales, otras ligerezas permitidas por la misma norma parecen ir en contravía de ese logro ambiental.

 

La razón es simple: fue autorizada la utilización de dragas con motores de 60 caballos de fuerza para trabajar la pequeña minería en diez departamentos del país. Y lo que ha sido denominado como "pequeña minería" recoge la actividad ejecutada en el 47% del territorio nacional, por lo cual esas máquinas ahora tendrán permiso para seguir succionando el lecho de ríos chocoanos y de la región amazónica.

 

El Código ordena protección especial para la operación de esas aspiradoras y le otorga a sus dueños un plazo de dos años para legalizarse.

 

Toda una paradoja, cuando el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Minas, la Fiscalía, el Ejército y la Armada, venían adelantando acciones de decomiso en el transcurso de este año. Sólo en el mes de abril fueron incautadas 24 máquinas.

 

Y tan grave como eso, es que haya continuado excluída del Código la exigencia a las empresas mineras para que tramiten licencias ambientales antes de iniciar labores de exploración.

 

Ambientalistas y expertos han calificado aquella omisión como imperdonable, puesto que en esas primeras fases los daños ecológicos causados pueden llegar a ser irremediables.

 

Las obras de exploración son una etapa previa a la explotación, que determina sí llegará o no a desarrollarse intervención en la zona estudiada.

 

Fuente: elpais.com.co