Fabio Martínez
En una reciente entrevista que concedió a la revista ‘Semana’, el historiador y exrector de la Universidad Nacional Marco Palacios afirmó que el Estado colombiano lleva muchos años desatendiendo a las universidades públicas.
Esta verdad de Perogrullo es palpable cuando uno ve como los edificios que hacen parte del campus del primer centro universitario del país se están cayendo a pedazos, y las 32 universidades públicas sobreviven con un presupuesto que a duras penas alcanza para pagar la nómina y sufragar sus gastos básicos.
Esta cruda realidad está poniendo en la picota a la universidad pública que nació históricamente cuando el derecho a la educación hacía parte del proyecto de construcción de nación. Hoy parece que a nadie le interesa luchar por el derecho a la educación ni el fortalecimiento de lo público.
Por el contrario, todo el mundo aprueba en silencio aquella fórmula maquiavélica que los diferentes gobiernos vienen implementando para asfixiar a la universidad, y que se resume en el congelamiento del presupuesto y, al mismo tiempo, la exigencia de ampliar la cobertura.
Pese a estas afugias financieras, las universidades públicas han venido ampliando su cobertura, generando, a través de su descentralización, un impacto social y cultural en las regiones y subregiones del país.
El sistema de regionalización de las universidades Nacional, de Antioquia y del Valle es hoy un ejemplo de descentralización de la educación, que ha contribuido al mejoramiento de la administración pública a través de la formación de sus funcionarios y de los estudios de las problemáticas regionales.
El de la Universidad Nacional, que es el más antiguo del país (1936), ha llegado a ciudades como Medellín, Manizales y Palmira, y a subregiones como Amazonia, Caribe y Orinoquia.
El de la Universidad de Antioquia, consolidado en 1995, abarca 17 sedes repartidas en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, Oriente y Suroeste.
El de la Universidad del Valle, que en octubre pasado cumplió treinta años de existencia (1986), cuenta con nueve sedes distribuidas en: Buenaventura, Santander de Quilichao, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá, Zarzal, Cartago y Caicedonia.
Soy consciente de que los vientos de globalización y economía neoliberal que hoy soplan en el mundo no son favorables para un proyecto académico que, en su momento, formó a millones de colombianos y contribuyó a la construcción de la nación.
Los liberales del país (si es que aún quedan) deberían emprender una cruzada en defensa de la universidad pública, que es nuestro patrimonio educativo, y sacarla de las garras de los proyectos neoliberales. Entre otras cosas, porque la educación no es una mercancía, sino un derecho de los ciudadanos.
Por Fabio Martínez
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