La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expuso ante la Corte Constitucional las razones del por qué la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1816 de 2016 sobre el monopolio rentístico de licores destilados, generaría un impacto negativo sobre las finanzas del departamento. Dicha ley faculta la suspensión de permisos de introducción de aguardiente en los departamentos. 

 

“El efecto de esa suspensión va a tener un fuerte impacto sobre la Industria de Licores del Valle, la principal afectación que podría tener es sobre el patrimonio de la entidad que al enfrentarse a una apertura de fronteras podría significar una fuerte disminución en las ventas y llevar a la Empresa a un declive financiero. Desde lo económico los recursos derivados de la producción de aguardiente representan el 20% de los ingresos por impuesto al consumo”, explicó la Gobernadora del Valle del Cauca durante su intervención en la audiencia.

 

La mandataria además expuso los beneficios que ha dejado para el Departamento la entrada en vigencia de la ley que hoy se encuentra demandada. “La Industria de Licores del Valle viene adelantando un proceso de modernización, se trata de tecnología de punta para la fabricación de los productos y servicios que demanda el consumidor; esto ha permitido el fortalecimiento de la parte administrativa, la financiera y además, la de producción para poder ingresar a los mercados nacionales e internacionales. Innovamos y pasamos de ser productores de un solo producto a tener siete líneas de aguardientes”, precisó.

 

Es importante destacar que desde el año 2017 la ILV ha tenido una recuperación en ventas que pasó de 4.3 millones de botellas vendidas ese año a 10.8 millones de botellas en 2023 lo que significa un incremento del 151%. Por estas razones la mandataria, insistió en la necesidad de garantizar la salvaguardia del aguardiente que se produce 100% en el departamento.

 

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