Por tres meses el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, deberá apartarse de sus funciones debido a que la Procuraduría lo suspendió mientras avanza en la investigación de una irregularidad identificada en la provisión de cargos de director administrativo y agente interventor en las cajas de compensación.

 

El Ministerio Público le formuló un cargo por una aparente solicitud de dinero que hizo a las cajas de compensación, entidades vigiladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con el fin de ayudar a la población de Buenaventura, en una iniciativa de Gobierno para finales del 2022.

 

Para la Procuraduría, “independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

 

En un evento público del 9 de diciembre, el funcionario señaló que habían recibido aportes por 900 millones de pesos y en menos de una semana esperaban completar los 1.000. Sin embargo, para el Ministerio Público no todos podrían haber sido aportes voluntarios, debido a la relación entre la institución y las entidades privadas bajo su vigilancia.

 

El ente disciplinario consideró que la solicitud del Superintendente podría ser entendida por las cajas de compensación como una orden, debido a la función de vigilancia y control que tiene Pérez Casas con esas entidades.

 

El cargo fue formulado como faltas disciplinarias gravísimas a título de dolo, por lo que el superintendente se enfrenta a una posible sanción de más de 10 años de inhabilidad general y su destitución.

 

Ahora deberá entrar en un proceso de juicio en el que se escucharán sus posiciones y defensa y se deberá emitir la decisión respecto a las presuntas irregularidades.