El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Buenaventura, presenta fallas por cuenta del operador judicial quien es el encargado de brindar atención y protección al menor infractor, mientras se resuelve su situación jurídica.

 

Así lo estableció la Personería Distrital, tras verificar que el sitio donde son recluidos los menores cuando son capturados por la Policía de Infancia y Adolescencia, no es digno para esperar una decisión judicial.

 

“El sitio está a la deriva y sin el apoyo de la Administración Distrital, ya que no cuenta con un grupo interdisciplinario como lo es un psicólogo, un nutricionista, entre otros, para los menores, y la Fundación que actuaba como el operador  judicial estuvo vigente hasta noviembre del año pasado”, aseguró la Personera Delegada para Infancia y Adolescencia, Zully Andrea Rentería López.

 

Esta razón conllevó a la Personería a emitir un aviso de advertencia al Alcalde Distrital, Bartolo Valencia Ramos, para que tome cartas en el asunto, por la grave vulneración a los Derechos Humanos que tienen los menores infractores.

 

“Esta situación genera incertidumbre jurídica, pues en el momento de determinar un internamiento o ‘medida privatoria’ de la libertad, las autoridades se abstienen en tomar dicha decisión, porque se observa que en realidad la misma es contrario a la dignidad humana para el adolescente”, puntualizó.

 

La función del Operador Judicial se realiza a través de una Fundación que recibe aporte de la Alcaldía Distrital para su funcionamiento como lo determina la Ley.

 

En la misiva, la Personería solicita además al alcalde, habilitar un hogar de paso, con el fin de ubicar al niño, niña o adolescente, cuando no aparezcan los padres de familia o personas responsables del menor. “El hogar de paso es una medida transitoria no mayor a ocho días, término en el que la autoridad competente debe decretar otra medida de protección”, reza el escrito.