“Hemos pedido en numerosas ocasiones a las entidades territoriales que redujeran las matrículas contratadas y estos reclamos no fueron atendidos”. Con esta frase Víctor Saavedra, viceministro de Educación dio las razones que han llevado al Ministerio a aprobar el Decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015 sobre contratación de cobertura educativa.

 

Por medio de este decreto, se regula la contratación de servicio educativo por parte de las entidades territoriales, una modalidad a la que se acude cuando la oferta oficial no es suficiente para dar cobertura a los niños cuya educación la financia el estado.

 

Así, se ordena a las Secretarías de Educación de las regiones no contratar colegios privados que estén por debajo del percentil 20 de los resultados de las Pruebas Saber. La medida afectará a un total de 90.000 niños y 296 colegios en todo el país, que serán reubicados en colegios oficiales o en privados por encima del citado porcentaje.

 

En los últimos años la cartera que dirige Gina Parody ha tratado de controlar esta modalidad por dos cuestiones. La primera, por una cuestión de calidad: “se están contratando colegios privados peores que los colegios oficiales”.

 

Lo segundo, para acabar con la politización de este tipo de contratos: “muchos de los establecimientos tienen una relación con los políticos regionales, lo que provoca que no haya un plan para reducir este modelo contractual que debería ser tomado como una medida excepcional”. Colombia gasta 1,25 billones de pesos en este modelo de contratación del servicio educativo.