Con una votación unánime en todo el articulado, se abrió paso hoy en la Comisión Primera del Senado un Proyecto de Ley que por iniciativa del Ministerio de Transporte, le pondría fin a las licitaciones de obras públicas “a la medida”, a través de una Ley de la República.

 

Se trata de una propuesta que ya pasa a la plenaria del Senado y fija unas reglas del juego claras que otorgarán máxima transparencia a proyectos de infraestructura vinculados con el transporte que desde la nación, los departamentos o los municipios sean adjudicados, lo que se convertiría en uno de los mayores golpes a la corrupción.

 

“Hay que destacar que desde hace varios años mis antecesores trabajaron en la modificación del marco legal en Colombia en materia de infraestructura y desde que arrancó el gobierno del Presidente Santos, se ha venido avanzando en modernizar el sector y agilizar los trámites. Lo que estamos haciendo ahora es dar un paso más en el ajuste a la Ley 80 de contratación pública. Con esto vamos a acabar con las condiciones licitatorias tipo sastre”, dijo el Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas Giraldo.

 

Entre otras cosas, lo que busca la propuesta legislativa es unificar los pliegos de las licitaciones para evitar que se dejen por fuera a competidores y de paso, se le dé oportunidad de crecer a la pequeña y mediana ingeniería colombiana. “No es posible que según datos de los gremios de la construcción más del 85 % de las licitaciones en el país, especialmente en las regiones, tengan solamente un proponente. Eso al menos de entrada genera dudas, y es lo queremos evitar brindando mayores condiciones para la competencia”, explicó el viceministro de Infraestructura Dimitri Zainovich.

 

A la salida del debate, Zainovich aclaró que el proyecto también busca agilizar los procesos cuando se manejan predios baldíos o cuando están involucrados casos de lavado de activos. Se ajustarán las condiciones de la vigencia de los avalúos comerciales, al igual que la compra de predios, el papel de los concesionarios, la responsabilidad de los interventores, los consultores y asesores externos de proyectos que afecten los intereses del estado o de terceros, entre otros.

 

Por su parte, el Presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, aliado estratégico de la propuesta gubernamental, anotó que lo que se pretende es un modelo de eficiencia y transparencia que contribuya a quitarle dolores de cabeza al estado, democratizar la contratación y de paso, desestimular la corrupción. “Estamos complacidos con el consenso que se viene gestando entre el sector privado, el Ministerio de Transporte, todas sus entidades, y ahora el Congreso, todos en la búsqueda de la transparencia”, recalcó.

 

El ponente del proyecto, el Senador Hernán Andrade, aseguró que Mintransporte va por el camino correcto. Prueba de ello es que todas las bancadas, incluida la oposición, apoyaron sin dudar el proyecto. Le auguró muy buen ambiente en la plenaria del Senado. “Los colombianos esperan eso: pliegos tipo, líneas de contratación claras y en general, la estandarización de la contratación de la infraestructura de transporte”, puntualizó.