“Esta herramienta que hoy se lanza, los pliegos tipo para infraestructura, es el antídoto a esas malas prácticas que han imperado en muchos lugares del territorio nacional”.

 

Con estas palabras, el Presidente Iván Duque firmó este lunes el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual establece los nuevos lineamientos de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte.

 

El Mandatario señaló que es una promesa cumplida, pues –dijo- durante el pasado Congreso Nacional de Infraestructura “nos comprometimos -junto con la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, y la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco- con que sacaríamos este decreto en los próximos meses”. Por eso, recalcó: “¡Hemos cumplido!”.

 

Dijo que, con esta nueva herramienta, “hoy se cumple otra promesa de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento de la transparencia y de tener una contratación pública ejemplar y abierta al monitoreo y escrutinio de todos los colombianos”.

 

Durante el acto de firma del Decreto, el Presidente indicó que este es “un gran anhelo de los colombianos”, en la medida en que su objetivo primordial es “mejorar la transparencia en la contratación, hacer más ejecutiva y ágil la contratación y, sobre todo, es el fin de los pliegos ‘sastre’ en el sector de infraestructura y del transporte en nuestro país”.

 

Como pliegos ‘sastre’ se entienden aquellos en los que se arman las condiciones de un proceso licitatorio a la medida de un contratista, para irse rotando la contratación en muchos lugares del país. Esto -dijo- “estaba afectando a la pequeña y mediana ingeniería nacional”.

 

En cambio, los contratos tipo lo que hacen es establecer “lineamientos homogéneos en materia de contratación” y hacen que los procesos sean más acelerados. Por eso, el Mandatario destacó que este es un avance para “derrotar la corrupción y darle transparencia al Estado”

 

Por su parte, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez dijo que el Decreto firmado por el Presidente “les va a abrir la puerta, de verdad, a muchísimas firmas de ingeniería nacional pequeñas y medianas”, y permitirá que la “ingeniería colombiana se fortalezca”.

 

“Vamos, también, a ser mucho más rigurosos, porque ha habido empresas que han incumplido de tiempo atrás en algunos de los contratos de obra pública”, aseveró la Vicepresidenta.

 

Entretanto, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco aseguró que lo que se busca, fundamentalmente, es que se adopten unos estándares mínimos y documentos básicos en todos los niveles de contratación nacional y regional.

 

Eso, según la titular de la cartera, es para que haya más “transparencia, tener claridad sobre las expectativas y claridad sobre cómo deben presentar sus propuestas y que las propuestas sean comparables”.

 

Explicó que el Decreto entrará en vigencia en abril y “lo que viene es una fase muy importante de socialización y capacitación en todas las regiones, que vamos a hacer de la mano de la Cámara Colombiana de Infraestructura y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros”.

 

Resaltó que con las medidas adoptadas por el Gobierno los mayores beneficiarios “son la pequeña y mediana empresa del sector de ingeniería” y recalcó que “ha sido un clamor, en todas las regiones, de tener un estándar básico y similar de contratación”.

 

Gremios apoyan la normatividad

 

Uno de los que destacaron el nuevo Decreto de pliegos tipo del Gobierno fue el Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien afirmó que “parte en dos la historia de la contratación”, porque “no es desconocido el hecho de que, en algunos departamentos del país, la contratación pública estaba cooptada por unas mafias”.

 

Así mismo, manifestó que, según un estudio, “más del 80 por ciento de los contratos en los municipios conducían a únicos oferentes o conducen a únicos oferentes”.

 

Mientras tanto, Argelino Durán Ariza, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, recordó que la corrupción ya hacía parte de las costumbres de las regiones y explicó que “para tener un contrato con una entidad regional tenía que comprometerse a aportar una parte de ese contrato a los funcionarios de la entidad o a cualquier tercero; eso ya era un esquema tan generalizado que se volvió un tema de extorsión”.