El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Pontificia Universidad Javeriana, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE) presentaron hoy los resultados del Informe “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género”, un estudio realizado a partir de más de 1.100 encuestas realizadas a hombres y mujeres privados de libertad en 7 centros penitenciarios del país.

 

Mujeres cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia: es el perfil de las mujeres privadas de libertad en las cárceles colombianas. La mayor parte no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez, según los reportes judiciales existentes. De hecho, el 53.4% de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva. .

 

Por ello, su permanencia en prisión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, pero en cambio tiene un significativo impacto en su núcleo familiar: según el estudio, al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres, y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuáles eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención. Con su encarcelamiento se rompe el núcleo familiar lo que deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que pueden llevarlos a vincularse a su vez con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.

 

La investigación cuestiona si la prisión debe ser la respuesta dominante frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que tienen responsabilidades de cuidado. Para Liliana Sánchez, principal investigadora del informe, “es necesario ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para mujeres infractoras que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana y que tienen responsabilidades de cuidado”.

 

En este sentido, los autores del informe abogan por un diseño e implementación de alternativas a la prisión para las mujeres infractoras que incorpore i) una perspectiva de género y ii) un enfoque de justicia restaurativa, así como una política criminal centrada en la prevención y la reinserción promoviendo mayores programas laborales y educativos para recluidas y pospenadas. Las medidas alternativas generan costos menores y son más efectivas para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en contacto con el sistema penal”, añadió Liliana Sánchez.

 

“Deberíamos preguntarnos por el costo social que tiene la privación de libertad de estas mujeres y si la sociedad colombiana realmente es más segura teniéndolas en centros de detención, o si por el contrario estamos aumentando la vulnerabilidad de las personas que tienen a su cargo y el riesgo de que más personas se vinculen con la delincuencia”, indicó en su intervención Christoph Harnisch, el Jefe de la Delegación del CICR en Colombia. “En definitiva, este estudio confirma la necesidad urgente de implementar un enfoque diferenciado de género en el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal y penitenciaria, así como de ampliar el uso de medidas alternativas para mujeres con responsabilidades de cuidado que hayan cometido delitos no violentos”, añadió.