Susana Correa Borrero, directora Prosperidad Social

 

“Durante la crisis social provocada por la pandemia de COVID-19, Prosperidad Social se concentró en mitigar los efectos de esta emergencia en la calidad de vida de la población pobre y vulnerable del país y en ajustar las rutas para retomar el ritmo de reducción de pobreza que tuvimos durante los primeros lustros de este siglo”. La declaración es de la directora de la entidad, Susana Correa Borrero, quien aprovechó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 diciembre, para ratificar el papel que tiene Prosperidad Social en la recuperación y para recordar el intenso trabajo que este 2020 ha implicado.

 

“Más que nunca, nos concentramos en poner primero la dignidad de las personas que sufren las privaciones. Los retos son mayores y con más empeño tenemos que trabajar por lograr más y mejores oportunidades para todos, y con ello, reducir la desigualdad y la exclusión”, dijo Correa. Esto en consonancia con el tema central de la conmemoración que este año se relaciona con la pandemia y subraya la necesidad de poner los derechos humanos en el centro de la reconstrucción económica y social de toda la humanidad.

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que “sólo alcanzaremos nuestros objetivos comunes en todo el mundo si somos capaces de crear igualdad de oportunidades para todos, abordar los fracasos que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas de derechos humanos para hacer frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas, sistemáticas e intergeneracionales”. Propone concentrarse en cuatro puntos de la reconstrucción: la erradicación de cualquier tipo de discriminación, la actuación frente a las desigualdades, impulsar la participación y solidaridad e impulsar el desarrollo sostenible.

 

Prosperidad Social ha estado trabajando desde un enfoque de derechos que incorpora además una herramienta de enfoque diferencial, que aporta justamente a la erradicación de cualquier tipo de discriminación y a la actuación frente a las desigualdades. De hecho, el diseño de la Ruta para la Superación de la Pobreza con la que la entidad busca que los hogares superen sus privaciones sociales y de las barreras en la generación de ingresos sostenibles, se fundamenta en el paradigma del Desarrollo Humano, el enfoque territorial y el enfoque diferencial.

 

“En 2020 la entidad ha estado además al frente de la estrategia del Gobierno para atender la emergencia social. Armó y ejecuta un plan de cinco grandes metas para 2021 y 2022, teniendo presente los efectos inéditos de la crisis que deja el covid-19”, recordó Correa. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que han sido nucleares en la atención de la emergencia y muy importantes en la reducción de pobreza que el país había experimentado hasta el año pasado. Los programas además han sido rediseñados y se han ampliado sus cupos.

 

Una segunda gran meta es fortalecer el trabajo de mejoramiento de condiciones de habitabilidad y obras de infraestructura social y productiva. Completar en 2022 los 325.000 mejoramientos de vivienda que le corresponden del programa Casa Digna Vida Diga, para lo que ha trazado ya la ruta que beneficiará a los hogares pendientes. En infraestructura social y productiva están proyectadas más de 500 obras de vías urbanas y rurales, plazas de mercado, centros de acopio y centros de transformación.

 

La tercera gran meta es garantizar la entrega de las Transferencias Monetarias No Condicionadas que tiene a cargo desde mediados de este año, de acuerdo con la vigencia que el Gobierno establezca para estos programas. El empleo ha sido una de las dimensiones más afectadas por la crisis. La entidad ha concretado como cuarta meta desarrollar tres proyectos de Pago por Resultados, gestionando más de 14.095 millones de pesos. El primero de estos proyectos, Empléate, arrancó en mayo pasado buscando inclusión laboral y retención laboral de la población sujeta a atención de la entidad.

 

La quinta meta, cuyo camino comenzó apenas se reactivaron ciertos sectores después del necesario aislamiento para contener la propagación del covid-19, tiene que ver con la inclusión productiva: apoyo a emprendimientos y unidades productivas. En los próximos dos años, Prosperidad Social acompañará o capitalizará a cerca de 119.000 nuevos proyectos de unidades productivas, y de Economía para la Gente.