En Colombia, el control ciudadano y la denuncia constituyen un mecanismo fundamental para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a medida que crece el interés y el rol activo de la ciudadanía en alertar irregularidades, también aumentan los riesgos y obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes.
Por esta razón, y pensando en fortalecerla acción colectiva, Transparencia por Colombia se unió junto a otras organizaciones sociales, líderes, lideresas y periodistas de distintas zonas del país para conformar la Red de Facilitadores Anticorrupción.
Esta red está integrada por 13 organizaciones- Corporación Vigía Cívica, Corporación Dialogo Democrático, Casa de las Estrategias, Corporación Colombia Joven, Fundación Foro Suroccidente, Red Caquetá Paz, Veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6, Red Universitaria Anticorrupción, Corporación Caribe Afirmativo, Cordupaz, Fundación Tukay, Foro Costa Atlántica y Transparencia por Colombia- que promueven una cultura de control ciudadano y denuncia de la corrupción en sus territorios y comunidades a través de estrategias pedagógicas, de acompañamiento ciudadano y movilización social.
Durante un año, las organizaciones que hacen parte de la Red se han articulado para construir una agenda de trabajo enfocada en impulsar iniciativas de control ciudadano con enfoque anticorrupción, facilitar la promoción y cualificación de la denuncia con el apoyo del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC1 e incidir en la agenda pública sobre denuncia y protección al denunciante.
¿Qué se ha encontrado?
Desde el 2020, la Red ha trabajado en el desarrollo de ejercicios de control ciudadano para prevenir la aparición de riesgos y hechos de corrupción, en los que se han logrado identificar los siguientes aspectos:
- En el marco del proyecto “Ciudadanía al Cuidado de la Paz”, Transparencia por Colombia junto con Foro Nacional Capítulo Suroccidente y la Red Caquetá Paz identificaron 19 factores de riesgo de corrupción que podrían afectar la implementación del Acuerdo de Paz, el desarrollo de las obras PDET en el Cauca y el Programa Nacional Integral de Sustitución-PNIS en el Caquetá.
- La Corporación Vigía Cívica, Cordupaz y Foro Costa Atlántica junto con Transparencia por Colombia hicieron seguimiento a la ejecución de recursos públicos de la emergencia por COVID-19, encontrando cerca de 20 mil contratos asociados por un valor cercano a 2.5 billones de pesos, además de diversos patrones de contratación.
- La Corporación Diálogo Democrático realizó un análisis de la contratación pública en la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia desde 2016 hasta el primer semestre de 2020. A partir de esto, se encontró un patrón de contratación bajo la modalidad directa, que estaría obstaculizando los concursos para la participación de varios oferentes. Asimismo, se evidenció contratación recurrente con los mismos contratistas y, con esto, una posible vulneración de principios de contratación estatal.
- La Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 realizó un ejercicio de formación a través de charlas teóricas y ejercicios prácticos para fortalecer la participación ciudadana y el uso de herramientas de denuncia de hechos de corrupción en las diversas estructuras administrativas de Medellín. En este ejercicio participaron 40 personas pertenecientes y representantes de organizaciones e instancias de control social de diversos municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Antioquia.
Adicionalmente, la Red efectuó un seguimiento a iniciativas legislativas en torno a la protección de denunciantes de corrupción. Por un lado, se realizó seguimiento al Proyecto de Ley Pedro Pascasio Martínez, el cual buscaba fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir y prevenir la corrupción. De otro lado, se analizó el Proyecto de Ley 341-2020 “por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones”, planteando observaciones a dicha iniciativa y participando en las audiencias públicas en aras de incidir en el fortalecimiento legislativo a favor de denunciantes de corrupción.
Para la Red, este tipo de ejercicios son fundamentales para el seguimiento ciudadano a la acción pública desde una perspectiva de prevención de riesgos de corrupción. Además, es clave resaltar el papel de la ciudadanía a través de la denuncia cualificada y protegida para así poder pasar de la indignación a la acción en la lucha contra la corrupción.
Finalmente, la Red de Facilitadores Anticorrupción seguirá promoviendo el trabajo conjunto, las alianzas y las gestiones como pilares fundamentales para desarrollar procesos de comunidad y participación en contra de la corrupción.
