Aproximadamente 31 mil millones de pesos han ahorrado los colombianos gracias a los 615 trámites racionalizados entre 2015 y lo transcurrido de 2017, mediante acciones como reducción de tiempos y desplazamientos, así como la eliminación de algunos pagos y requisitos.

 

Entere las acciones de racionalización más significativas se destacan la reducción del tiempo de producción del duplicado de la cédula de ciudadanía, que pasó de cuatro meses a 15 días; el aumento de los puntos de atención para consultas en la Ventanillas Únicas de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado; el pago en línea del Impuesto predial unificado y de vehículos en Bogotá, y la eliminación de la eliminó de la exigencia de documentos como fotografía impresa, fotocopia de sello de inmigración y recibo de pago para el trámite de la Cédula de Extranjería.

 

Adicionalmente, se resalta la implementación de otras acciones como la supresión del requisito de ser titular de la cuenta corriente o de ahorros activa para la inscripción de personas jurídicas y asimiladas para obtener el RUT; la exoneración del cobro de los derechos del trámite de Duplicado de la Cédula de Ciudadanía a los Integrantes de las comunidades y de pueblos indígenas habitantes de Colombia; y la reducción de pasos y costos para el ciudadano en el trámite de Auxilio Funerario por muerte del pensionado ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP.

 

Los trámites que ayudó a mejorar Función Pública representan un avance del 77 % en la mega meta del Gobierno nacional 2015-2018, que contempla la racionalización de 800 trámites. Al respecto, la Directora de Función Pública, Liliana Caballero, indicó que con estas acciones “se fortalece el propósito institucional de facilitar el servicio a los ciudadanos mediante acciones como la automatización total o parcial, la eliminación de requisitos, la ampliación de canales o puntos de atención, la disminución de pasos y tiempos de respuesta, la estandarización de formularios, la notificación electrónica, el pago en línea, y las reducciones o las eliminaciones de pagos, entre otras”.

 

El avance conseguido se fundamenta en una estrategia que desde 2016 adelanta la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública, basada en el acompañamiento y la asistencia técnica a las entidades públicas en la implementación de las acciones de racionalización y en el seguimiento al cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

 

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