La Contraloría General de la República informó el 16 de enero de 2017, que luego de hacer una auditoría al manejo de los recursos que otorga el Gobierno nacional a través del Sistema de General de Regalías, encontró irregularidades en el Valle del Cauca, pero solo en Buenaventura.

 

El informe del contralor general, Edgardo Maya Villazón, señala que el hallazgo fiscal fue de $ 3.628 millones y corresponde a la adecuación del Centro Recreacional Acuaparque, situado en la zona urbana de la ciudad.

 

“Las obras no se han ejecutado y los recursos entregados no cumplieron el objeto para el cual fueron otorgados”, señala el informe de la entidad de control.

 

Para el 13 de noviembre de 2017,  el representante legal del proyecto de adecuación del Acuaparque, Freddy Jesús Mosquera Obando, dice que “hay que hablarle con claridad a toda la comunidad y así como la Contraloría envía un informe de auditoría realizado en el mes julio de 2016, el cual a esta fecha se encuentra totalmente desactualizado e incompleto en lo que tiene que ver con su documentación, la ciudadanía puede constatar que se están adelantando los trabajos, dado que los problemas fueron superados para sacar avante este proyecto”.

 

"Se solicitó una prórroga de siete meses de plazo a la Administración Distrital, justificada por los problemas presentados por la invasión de 32 familias que se ubicaron dentro del área del proyecto, la cual está prevista dentro del contrato, amparada en la cláusula décima cuarta del contrato firmado entre las partes, inicialmente para poder darle continuidad a estos trabajos. Lo que no entiendo es por qué el señor Alcalde no ha suscrito contrato de prórroga por el tiempo fijado en el acta que se realizó en la oficina jurídica del Distrito".

 

Y agrega: "esta tarea le corresponde a la Administración de turno, pues hasta que no sea solucionado esta área de trabajo no se pueden dar inicio a estas obras”.

 

Prendió el ventilador en mayo de 2018

 

En el marco de la declaración rendida en mayo de 2018 por el contratista, que está en el proceso de acogerse a un principio de oportunidad, detalló la manera cómo le vendieron el contrato, el porcentaje de las gratificaciones que pagó y los beneficiarios.

 

El relato involucraría al exsenador Edinson Delgado Ruiz, quien estuvo en esa curul desde 2010 hasta 2018. También está el exrepresentante a la Cámara Hernán Sinisterra Valencia y el exalcalde Bartolo Valencia.

 

Freddy Jesús Mosquera Obando, según su declaración, ha sido “contratista de unas 20 obras de infraestructura”.

 

Señala que ha sido socio o representante legal de las uniones temporales Antonio Nariño, Hogar Grupal, Ortec y Dismot Ingenieros Ltda.; esta última hizo parte del Consorcio Acuaparque, que ganó el contrato de reconstrucción del centro recreacional en Buenaventura por 3.800 millones de pesos.

 

Ese contrato resultó un fiasco total y la Contraloría dictó un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Bartolo Valencia, otros tres exfuncionarios y el contratista. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación que permitió vincular al ingeniero Mosquera Obando.

 

Según Mosquera, un año antes de la licitación, el entonces exconcejal y candidato al Congreso Hernán Sinisterra le “vendió el contrato”, faltando una semana para las elecciones legislativas de 2014. Aseguró que “ese contrato me lo ofrece inicialmente en 2014, en mi oficina, él me dice que había un contrato de 4.000 millones de pesos y que había que pagar un peaje del 15 por ciento inicial”.

 

Añadió que el candidato Sinisterra le argumentó que “de ese 15 por ciento necesitaban en el momento 400 millones de pesos; que eran 200 millones para su campaña como representante a la Cámara y los otros 200 millones para la campaña para el senado de Edinson Delgado”.

 

Luego detalló la entrega de ese dinero que retiró del banco Davivienda y repartió en cinco tandas. Dos de 100 millones supuestamente para el candidato Sinisterra; y tres entregas de 120, 50 y 20 millones de pesos, que presuntamente recibió un hermano del senador Delgado.

 

Aseguró que hizo todas esas operaciones junto a su asistente y que nunca se sentó con el senador Delgado para la entrega, pero que “le correspondían porque el Senador hizo un trámite en el Congreso, donde él fue el que prácticamente aprobó esos recursos de regalías para Buenaventura”.

 

Los restantes 170 millones de la gratificación se los habría entregado al entonces alcalde Bartolo Valencia. “Me citó a su casa en el barrio Las Olas, donde vivía. Ahí me dijo que le sirviera de aportante en la campaña de Hernán Sinisterra y que le suministre 200 millones de pesos en unos pagarés o préstamos. Lo anterior era para maquillar los 200 millones que yo le había dado por el negocio del Acuaparque”. En efecto, al revisar las cuentas de ingresos y gastos de la campaña del candidato Sinisterra, figuran tres préstamos por 25, 45 y 130 millones de pesos, cuyo acreedor es Mosquera, a través de su empresa Ordec.

 

Aseguró, en su nueva declaración que están incentivadas por el principio de oportunidad, que el proyecto arrancó sin contar con los diseños terminados, ni licencias de construcción, ni permisos de la CVC. El terreno era distinto al área de los planos y estaba invadido. Pese a todas esas irregularidades, en noviembre de 2015, o sea, tres meses después de firmado el contrato, desembolsaron el 94 por ciento del valor de la obra.

 

Como era de esperarse, la obra nunca se terminó y el contratista en su nueva versión, explica que al menos 1.000 millones de pesos de ese anticipo se fueron en préstamos para las campañas políticas.

 

Cuando Bartolo estaba en la cárcel, “me llamó y me pide que le preste 120 millones de pesos más para cerrar la campaña del candidato Bernabé Mosquera Román a quien él tenía para la alcaldía”, afirmó, tras aclarar que ya le había entregado 300 millones de pesos de los dineros del contrato.

 

Freddy Mosquera Obando se ratifica en su denuncia y asegura: “Tengo conversaciones de celular, documentos y testigos presenciales”.