La Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle tomó la decisión de acogerse a la Ley 550 para evitar la intervención directa del Gobierno Nacional a la principal institución de salud pública del Suroccidente del país.

 

Lo que se busca es garantizar el funcionamiento y la prestación de sus servicios. “El ingreso en la Ley 550 evitará que los dineros que lleguen a las cuentas del hospital se sigan embargando. Se trata de privilegiar el servicio a la ciudadanía, que se les pueda pagar a los trabajadores, que se pueda contar con los insumos necesarios para poder funcionar y se brinde una prestación con calidad y oportunidad a los pacientes”, puntualizó Dilian Francisca Toro.

 

Antes que la Junta Directiva del HUV tomará esta decisión, la Gobernadora del Valle había iniciado con la Junta un análisis de la situación financiera de la institución y un plan de salvamento que la llevó a gestionar recursos ante el Gobierno Nacional.

 

En medio de la decisión, la Mandataria anunció que recursos por más de 19 mil millones de pesos llegarán en los próximos días como parte del plan de salvamento del centro hospitalario que durante estos primeros meses del año presenta mejoramiento en su equilibrio financiero.

 

“Hoy la Gobernación está entregando $ 8.000 millones al HUV, la alcaldía de Cali $ 3.000 millones y la próxima semana, Emssanar va a pagar $ 8.000 millones más. Lo más importante es que los giros se están haciendo atemperados a la Ley”, sostuvo la Mandataria.

 

La Gobernadora anunció que con Ennsanar suscribió un convenio para el pago de $93.000 millones los cuales llegarán al HUV para subsanar más del 50% los pasivos del hospital que hoy asciende a los 170 mil millones de pesos.

 

“La deuda que tiene la Gobernación por prestación de servicios No Pos la vamos a pagar en siete años, $13.000 millones por año y van a llegar al HUV por una cesión de deuda”. La gobernadora enfatizó que salvar el hospital es responsabilidad de todos y se está logrando.

 

El ingreso a la Ley 550 requiere de un proceso, un acuerdo de pasivos con los proveedores y capacitar a los funcionarios sobre los alcances de esta decisión, lo que durará dos meses aproximadamente, concluyó la Gobernadora.