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En enero del año pasado, funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio realizaron una minuciosa inspección en las oficinas de la Sociedad Portuaria Buenaventura. Como resultado de las pesquisas se llevaron documentos y allí encontraron evidencia que se adelantaban los trámites para suscribir un nuevo otrosí al contrato de concesión el cual ya estaba listo, a pesar de las denuncias de OPP Graneles realizadas en la asamblea de la SPB del jueves 16 de marzo de 2017, una de las empresas operarias del puerto.

 

La visita de la Superintendencia obedeció a la solicitud expresa de la gerencia de OPP gráneles, quien manifiesta que están siendo perjudicados por prácticas de competencia desleal debido a que funcionarios de la Sociedad Portuaria están visitando a los clientes del operador.

 

Al tratarse el tema en el marco de la Asamblea, se dijo por parte del gerente de la SPB, Víctor Julio González, que el tema está en manos de los abogados de la empresa porque consideran que no tiene razón la queja formulada.

 

Las conclusiones de la visita de la Superintendencia, es que se hallaron decenas de correos electrónicos entre directivos de la empresa concesionaria del terminal y funcionarios de la Agencia de Infraestructura, en los que se discute los términos del otrosí y se le notifica que el documento ya está firmado por parte de la presidencia de la Agencia, que para la época era Luis Fernando Andrade, hoy separado de la entidad.

 

“El otrosí se encuentra firmado, por lo que de manera comedida solicito se agende una fecha para que puedan pasar a firmarlo a la Agencia”, le escribió el 6 de julio del 2016, Fernando Hoyos, asesor de la Agencia de Infraestructura a Enrique Ferrer, el jurídico de la Sociedad Portuaria Buenaventura.

 

Por su parte el gerente de la empresa OPP Gráneles, Álvaro Rodríguez, señaló que su empresa no ha realizado una queja, sino dos, ya que ejercen la actividad portuaria en graneles.

 

Álvaro Rodríguez, gerente OPP Graneles, durante su intervención en la Asamblea de la SPB en marzo de 2017

 

Y es que Opp Graneles tiene un contrato vigente que suscribió con la Sociedad Portuaria lo que demandó inversiones de US$ 80 millones y a la fecha hay unas diferencias de criterio con la presidencia de la Junta Directiva de la SPB, que la ejerce Manuel Parody.  Así que el operador granelero está tratando de detener el proceso de la Sociedad Portuaria para que se convierta en operador. 

 

A esa queja se han unido Almagrario y Cadegran por eso se ha visitado las dependencias de la Agencia de Infraestructura para que intervengan o modifiquen el contrato de concesión para que se impida que la Sociedad portuaria Buenaventura pase a ser operador portuario.

 

Al respecto, la Agencia de Infraestructura, con fecha 2 de agosto de 2017, dio respuesta oficial a la petición de la Sociedad Portuaria que insiste en pasar a ser Operador Portuario, pero para lograr ese propósito se requiere que se modifique la cláusula decimosegunda, numeral 12.19 del contrato de concesión 009 de 1994.

 

“Por lo tanto, el concesionario, que para el presente caso es la Sociedad Portuaria Buenaventura, debe permitir que terceros presten servicios de operador portuario dentro de sus instalaciones y este NO operará el puerto a menos que ello sea estrictamente necesario por razones técnicas o porque no exista otra alternativa, caso en el cual debe mediar previa aprobación por parte de la Superintendencia de Puertos”.

 

“No obstante, el concesionario  podrá prestar el servicio de almacenamiento y será responsable de operar hasta el 40 % del total del área de almacenamiento cubierta y de almacenamiento descubierta, con el fin de garantizar un nivel significativo de instalaciones de almacenamiento accesibles y de servicios a todos los usuarios del puerto; este servicio de almacenamiento será prestado directamente por el concesionario, por sus propios medios o subcontratando para su operación los servicios de un operador portuario, bajo su responsabilidad.  Así la Agencia no considera modificar los términos de la concesión”, fue el pronunciamiento de agosto de 2017 de la ANI.

 

La intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio llevó a que la Agencia reversara la extensión del contrato, calificada como sustancial por los denunciantes, y emitiera el auto donde les prohíbe ofertar los servicios de carga a granel, fechado el 9 de enero del 2018.

 

La Sociedad Portuaria Buenaventura se pronunció

 

La Sociedad Portuaria apeló la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que le prohíbe ofertar y prestar servicio de carga a granel, porque ellos sí están interesados en dar ese servicio. Víctor Julio González, pide que la concesión que él gerencia tenga el mismo tratamiento que se tiene con Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

 

“La decisión de la SIC es una medida cautelar, provisional, sobre la que ya se presentó un recurso de apelación. Además, que el jueves pasado se le comunicó a la SIC que se suspenden las operaciones mientras se modifica el contrato de concesión con la ANI”, indicaron voceros de la SPB.

 

En todo caso, aseguraron que el Consejo de Estado les permite a las sociedades portuarias ser operadoras, y no se quisieron referir a los correos con la ANI por ser reserva del sumario.