En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba Martínez, adelantar acciones para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades del distrito que están siendo víctimas de los enfrentamientos que se han registrado entre grupos armados en lo que va corrido de esta vigencia.

 

En control de advertencia enviado por la Provincial de Instrucción de Buenaventura, y allegado también a la secretaria de Gobierno, María Liliana Vivas Paz, y la secretaria de Convivencia, Rocío Hurtado González, el Ente de control pidió coordinar acciones de intervención y atención que prioricen las entregas de ayudas humanitarias que cubran las necesidades de la población que se ha visto afectada.

 

Adicionalmente, el Ministerio Público requirió a las funcionarias información detallada a propósito de lo hecho hasta ahora para atender a las familias que necesitaban ayuda luego de los sucesos violentos del pasado 13 y 14 de diciembre de 2023, y febrero y marzo de este año; por presuntos reclutamientos ilegales en la comunidad de la Meseta, lugar en el que se encuentran las comunidades Nonam Dur, Wounaan Phobor y Kirar do.

 

En el mismo sentido solicitó un informe sobre la atención brindada a las de San Joaquín Joaquincito, Alambique, San José, el Resguardo Joaquincito del Río Naya, Pedro Barqueño, Chanchajo y Joaquincito, afectadas por paros armados del ELN y que han generado desplazamientos internos hacia la cabecera de Buenaventura.

 

Finalmente, la Entidad instó a mitigar la vulnerabilidad acentuada derivada de los hechos victimizantes, esto mientras se gestiona un proceso de valoración y se evalúa su posible inclusión en el Registro Nacional de Víctimas.

 

Procuraduría General de la Nación