Los miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP responsables de más de 21.000 secuestros y los diez miembros de la fuerza pública, además de un tercero civil, que fueron imputados por el asesinato de, por lo menos, 120 personas en estado de indefensión para ser presentados como bajas en combate en Catatumbo (Norte de Santander) fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a participar en las primeras audiencias públicas de reconocimiento que realizará la JEP desde cuando entró en funcionamiento.
En Bogotá, durante el 28 y 30 de marzo y el 1 de abril, se llevará a cabo la primera audiencia pública de reconocimiento. En presencia de organizaciones víctimas que han participado en el proceso judicial, las instituciones del Estado y la sociedad civil, que podrán seguir la diligencia en vivo, los máximos responsables de la extinta guerrilla, dentro del caso 01, conocido como secuestro, tendrán que dar a conocer si reconocen o no su responsabilidad frente al país por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes.
A través del Auto 019 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, la magistratura también les había imputado otros graves crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. De acuerdo con los hallazgos, las Farc-EP ejecutaron los secuestros con tres finalidades: 1) financiar sus operaciones militares, 2) forzar el intercambio de guerrilleros presos y 3) secuestrar para controlar el territorio donde hicieron presencia.
Para llegar a este momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad contrastó 17 informes, 38 versiones individuales y 8 versiones colectivas en las que participaron 257 comparecientes. Un total de 1.028 víctimas, de las 2.456 acreditadas, hicieron observaciones a las versiones. La Sala de Reconocimiento también incluyó en la contrastación la información aportada por la Fiscalía General de la Nación en 56 tomos de análisis y documentos incautados a la extinta guerrilla en diversas operaciones militares. Además, tras hacer pública la imputación, ordenó 16 audiencias territoriales y nacionales, en las cuales se garantizó la participación de las víctimas. En el caso 01 están acreditadas 2.899 víctimas y de estas, 300 presentaron observaciones al reconocimiento escrito que hizo el antiguo Secretariado de las Farc-EP.
Segunda audiencia de reconocimiento
La segunda audiencia de reconocimiento de verdad se llevará a cabo el 21 y 22 de abril. El lugar, la metodología y el programa de la audiencia se están concertando con las víctimas, en el marco del proceso restaurativo que puso en marcha la JEP con el Auto 208 de 2021. Allí, frente a las víctimas y el país, 10 máximos responsables de la fuerza pública, entre ellos un general y 4 coroneles, además de un tercero civil, imputados dentro del caso 03, conocido como el de ‘falsos positivos’, tendrán la oportunidad de reconocer su responsabilidad por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.
A través del Auto 125 de 2021, de Determinación de Hechos y Conductas, los magistrados concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. De acuerdo con la investigación, los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”.
Para llegar a este momento, la Sala contrastó 8 informes, 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo terceros civiles que colaboraron con las unidades militares), las observaciones de las víctimas acreditadas y de la Procuraduría a las versiones. También hubo inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la jurisdicción penal militar, así como la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander'.
¿Qué va a pasar en la audiencia?
Tanto el antiguo Secretariado de las Farc-EP como los 10 miembros de la fuerza pública, además del tercero civil, deben pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en abril y diciembre de 2021, respectivamente, al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó a través del Auto 019 de 2021 que investiga: “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, así como del Auto 125 sobre “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
En el primer caso, los comparecientes de las Farc-EP han reiterado su voluntad de avanzar en el proceso dialógico y de reconocer tanto los hechos como los daños causados a las víctimas. Se refirieron a su trabajo de preparación de la mano de su equipo psicosocial y el despacho relator para abordar de manera adecuada las demandas de verdad y de reconocimiento, pero manifestaron su inconformidad por la adición a las conductas determinadas por la Sala con el crimen de lesa humanidad de esclavitud, aclarando que no pretendían negar o desconocer los hechos y conductas ya reconocidos o el daño causado a las víctimas por ello.
Por otro lado, en sus escritos de reconocimiento por los crímenes cometidos en el Catatumbo, el general ( r ) Paulino Coronado, cuatro coroneles, cinco oficiales y suboficiales más, y un tercero civil han reconocido de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, expresaron su decisión de ampliar sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información que permitirá a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanzar en sus objetivos.
Precisamente, a través de las audiencias públicas de reconocimiento, la Sala busca además contribuir a restaurar los daños causados por los responsables. Por eso se espera que, durante las diligencias, los comparecientes: 1) Aporten verdad plena, detallada y exhaustiva. 2) Reconozcan la naturaleza criminal no amnistiable de los hechos y conductas en las que participaron como máximos responsables y, además, 3) Su reconocimiento debe responder a la gravedad de las conductas con el reproche moral que implica el supuesto de abstenerse de justificarlas, reconocer el daño causado, aceptar la responsabilidad individual y dar cuenta de la voluntad de resarcir y no repetir los graves crímenes.
¿Qué sigue después?
En caso de que haya reconocimiento, además de verdad plena, detallada y exhaustiva, la Sala debe producir en los siguientes tres meses las respectivas resoluciones de conclusiones ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz. Así mismo, en ambos casos se solicita a la Fiscalía General de la Nación que remita a la JEP la totalidad de las investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, como lo prevé expresamente la ley.
Una vez se expida la resolución de conclusiones, los casos de secuestro contra el antiguo Secretariado de las Farc-EP y los miembros de la fuerza pública imputados en el subcaso Norte de Santander, que investiga falsos positivos, pasarán a manos del Tribunal para la Paz, que impondrá las sanciones estipuladas por la Ley.
