Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará al Gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

 

Los hechos investigados están relacionados con el contrato No. 003, suscrito el 3 de abril de 2020, que tenía por objeto garantizar el suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia por el COVID-19.

 

Las evidencias dan cuenta de que el mandatario celebró el citado contrato, cuyo valor superó los $ 220’000.000, de manera directa y en medio de varias posibles anomalías como: ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.

 

El gobernador no habría verificado el cumplimiento de requisitos esenciales, entre estos el de publicar el contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) dentro de los tres días después de la celebración. El material de prueba indica que esto, al parecer, se hizo tres meses después.