Por: Jesús Glay Mejía N.

 

Las noticias que a diario se escuchan por los medios de comunicación son insólitas, no es posible que en pleno siglo XXI cuando en el mundo se ha avanzado en la política pública, en fortalecer los gobiernos democráticos y se crean tribunales internacionales de justicia, todos estos alcances orientados a proteger los derechos humanos y una sociedad con garantias a la ciudadania para la sana convivencia, se presenten situaciones como lo sucedido en la Guajira y en el Chocó con los alimentos que se distribuyen a los infantes en las escuelas o los informes sobre la deficitaria atención en salud a la población que muere en una sala de urgencias a la espera de ser atendido, o la situación del Hospital Universitario del Valle, (Ver primera página del Diario El País, marzo 06 de 2016, el caso del HUV.) institución en otro momento gloria del departamento o lo que pasa en la administración de instituciones del sector social donde se sabe no hay ningún tipo de organización, en medio de grandes responsabilidades sociales como es la atención a la población menor en riesgo, así son muchas las situaciones que suceden en el país con los programas sociales. Lo más preocupante es que la Constitucion política de1991 dedicó un espacio para garantizar los derechos sociales y le asigna la responsabilidad al Estado en proveer los recursos y velar por su cumplimento.

 

No es el caso de este artículo de sentar denuncias o señalar instituciones, el propósito es más noble y amplio, llamar la antención de la sociedad civil, de las organizaciones politicas y de los movientos de pobladores, tambieén de los y las profesionales en especial de las ciencias sociales, entiéndase los trabajadores sociales, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos y politólogos que tienen una responsabilidad ético-política y en general del conjunto de la sociedad. El mal manejo de los programas sociales a quienes afecta es a la población infantil una de las más impactadas por la pobreza y la exclusión social, en otras palabras se reproduce y perpetúa la pobreza, ante el silencio cómplice de la sociedad y de sus fuerzas sociales y políticas. Qué decir de los partidos políticos que cohonestan con la corrupción de sus representantes políticos en las administraciones y siguen como si nada sucediera; así el pais habla de construir la paz.

 

Las causas de este problema son multiples: la principal, la corrupción que hoy se ve como algo natural y propio de las prácticas en la administracion pública, la débil estructuración de los programas sociales entre otros por la falta de formación en gerencia social de quienes están al frente de los mismos, la creencia ya anacrónica de pensar que lo social basta con prestarse como un servicio sin importar su calidad y efectos en la población, hay un déficit social, responsabilidad del Estado y también de la sociedad civil que ha contribuido a incrementarlo con su silencio y con las prácticas anti éticas en la adminsitración. Le corresponde al gobierno y a los actores sociales actuar para reparar esta deuda social, dejando de lado la demagogia.

 

Es hora de frenar estas situaciones en el sector social, entre otros por que se está ad portas de la negociación con las FARC; ante esta nueva realidad, el Estado y la sociedad deben primero asumir un cambio de mentalidad, de valores morales y éticos y esto pasa por la construccion de ese nuevo sujeto social respetuoso de los derechos humanos, de la vida, tolerante, con una ética de valoración y respeto por lo público, solo así se sentarán las bases de la convivencia y de una nueva sociedad, esta tarea también le correponde asumirla a los actores armados.

 

Una acción urgente tiene que ver con la formación de quienes se encargan desde la administración pública del sector social, las Organizaciones No gubernamentales y fundacionales de participar en el diseño e implementación de estos programas, hay que formar en gerencia social; entendida esta desde un nuevo marco de búsqueda de la eficiencia y eficacia social, de combate a la exclusion y la pobreza, del fortalecimento de la democracia, garantizando llegar a la población con servicios y bienes sociales que generen impacto y beneficio social en lo que desde la gerencia social se denomina generación de valor público.

 

El Pacífico, marzo 7 de 2016

 

Por: Jesús Glay Mejía N.

 

Trabajador Social, Magister en Salud Pública, Estudios de Espacialización en Teoría Métodos y Técnicas de Investigación Social, Gerencia Social , Tutor BID-INDES Gestión para resultados del desarrollo de los gobiernos locales. Profesor titular jubilado Universidad del Valle.

 

 

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