Por: Jesús Glay Mejía

 

La corrupción corroe y destruye la nación y sus instituciones, no es nueva, ha estado presente en la vida política y en la administración pública por varias décadas, hoy hace parte de la cultura ciudadana, hasta el punto de atravesar la vida e institucionalidad con la participación y complicidad de la ciudadanía, la clase política, la dirigencia nacional y sus gobernantes, todos en mayor o menor grado han participado de sus dividendos, el sector empresarial privado ha estimulado la corrupción, es un problema complejo que se manifiesta en el conjunto de la sociedad, las dádivas, favores, pagos y beneficios siempre exigen de varios actores: quien demanda de dineros o prebendas para cumplir con sus obligaciones e inclinar a favor de terceros los bienes públicos, y quien acepta u ofrece el pago o beneficios, tan corrupto es quien recibe como quien ofrece y da, tan corrupto es el gobernante que recibe como el empresario que ofrece. Igual de corrupto es el ciudadano que vende su voto o cohonesta con las prácticas políticas que la sostiene.

 

Superada la fase de negociación con las FARC y tras el cúmulo de casos aún sin resolver sobre corrupción como sucedió en la administración de Bogotá con el alcalde Samuel Moreno, los hermanos Nule, la firma brasilera Odebrecht, los que se dieron en el 2016 en la Costa Atlántica con los contratistas de la alimentación para los escolares (este último, tan grave como que se trata de un delito de lesa humanidad), se hace evidente en el país la altísima corrupción, que suscita el candente debate, el ruido de la guerra que distraía al país dejó de hacer bulla, se dan las condiciones para hacer manifiesta esta situación y reconocerla como el mayor problema del país, por encima de la presencia guerrillera; de no existir la corrupción los dineros públicos se destinarían a atender las necesidades sociales de los más pobres, el país mejoraría en eficiencia y todo conduciría a generar valor y bienestar contribuyendo a reducir la pobreza, acompañada de justicia y equidad social, en estas condiciones seguramente la violencia no se hubiera presentado.

 

La corrupción es una forma de apropiación de lo público, afecta a la población más pobre, a los más vulnerables como niños, ancianos y mujeres, el corrupto es un ladrón.

 

La paz que se busca construir a partir de posconflicto solo se logra siempre y cuando se erradique de la nación las prácticas corruptas, la administración de lo público estará fundada en una ética de respeto y valoración de lo público y justicia social que traería consigo desarrollo humano, crecimiento económico y bienestar. El país no puede seguir cohonestando con estas prácticas, destruyen la nación, trae el deterioro de la sociedad y sus instituciones, crea un clima de desconfianza y negativismo.

 

El país necesita combatir y erradicar este mal, lo cual se logra en la medida que la ciudadanía se exprese organizada como un movimiento social, ciudadano y popular por fuera de la clase dirigente actual, que contribuya a crear una nueva cultura política, que erradique las clientelas y las empresas familiares políticas y fortalezca la ciudadanía como mandante de lo público, renueve la clase política y sus instituciones. Acompañar esta nueva realidad de una legislación penal fuerte, de una reforma administrativa que defina mecanismos de transparencia y control fiscal y la creación de un órgano de control a la corrupción independiente, de base popular, académica y empresarial que garantice el ejercicio real y efectivo con capacidad de sancionar y aplicar correctivos.

 

Febrero de 2017

 

Jesús Glay Mejía N.

TS. Mg. S.P.