Por: Edwin Salcedo

La consulta previa, libre e informada en su espíritu pretende proteger de los valores territoriales, culturales, económicos y sociales de los grupos étnicos en el mundo. En Colombia se ha convertido en un procedimiento que causa fastidio y animadversión en unos casos, en otros, simplemente se ha convertido en vulgar negocio donde la institucionalidad y el sector privado colombiano sacan provecho y peor aún, los miembros de la misma comunidad terminan vendiendo los intereses de sus propias colectividades.

 

En el momento en que Colombia suscribió el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, su artículo séptimo sujetó de por vía constitucional la realización de la consulta previa para todas aquellas iniciativas públicas o privadas que afectaran a las comunidades étnicas del país. No se sabe bajo qué criterio Colombia firmó este convenio, lo que si se tiene claro es que no tenía ni idea en lo que se estaba metiendo. Aunque Colombia reconoce constitucionalmente a las comunidades indígenas, negras y gitanas, han sido las dos primeras etnias las que han sido principal objeto de la consulta previa, pero para los efectos de esta columna, me circunscribiré sólo a las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

 

Durante mis años de desempeño como especialista para el desarrollo para USAID Colombia, pude notar cómo la consulta previa se convertía en un dolor de cabezas para todo el mundo. Todos le quieren sacar el cuerpo. Pude ver la difícil comprensión que se tiene del tema en todos los sectores involucrados, principalmente en el gobierno colombiano que realmente no sabe qué hacer para obviarla.

 

En este sentido se puede ver claramente tres actores que están en interacción dinámica: por un lado el Estado colombiano representado en su gobierno de turno, por otro lado está la comunidad étnica que en su mayoría ignora lo que es la consulta previa y para qué sirve realmente, y por último está el sector privado, industrial y empresarial, que mira a la consulta previa como un obstáculo para lograr sus objetivos y utilidades.

 

En este juego tripartito, donde existen tantos intereses como actores , todos tratan de usar sus recursos a disposición para lograr sus objetivos; en ese sentido la comunidad es la que tiene mayor desventaja. Cuando es una iniciativa del Estado o gobierno, ya sea una ley o proyecto que afecte a las comunidades, éste usará todas sus influencias para tratar de pasar dicha ley o proyecto cueste lo que cueste. Cuando es el sector privado o industrial quien desea realizar un proyecto, ya sea de infraestructura, de extracción minera o de otra índole, generalmente se hacen promesas y acuerdos de desarrollo que no están sujetos a cumplirse ya que no hay garantía jurídica para ello. Por último y lo más criticable de estos casos, es el hecho de que existen pseudo líderes en las comunidades afrocolombianas que teniendo un poco más de información y conocimiento, sacan provecho de los procesos de consulta previa, vendiendo y comercializando una intermediación manipuladora que no tiene un interés distinto al de sacar provecho económico de la situación.

 

Las consultas previas han llegado a ser tan costosas que ahora existen empresas y consultores dedicados sólo a asesorar a las grandes empresas en esta materia. Nadie quiere saber de la consulta previa pero todos quieren un pedazo de la tajada de utilidades que dejan las mismas.

 

Es necesario y urgente que el gobierno colombiano reglamente la consulta previa a través de una ley. Es recomendable que el sector privado colombiano trabaje de la mano con las comunidades en aquellas zonas de influencia donde ejerce sus actividades industriales o empresariales, para que de esta manera se pueda llevar desarrollo sostenible y en concordancia con sus tradiciones culturales, sociales, ambientales y demás. Por último, de lo que más se requiere es que la comunidad afrocolombiana elija a consciencia a sus líderes, para que representen los intereses de la colectividad y no sus necesidades particulares o las de cualquier otro actor que esté dispuesto a pagar o transar por ellas.