El Naya es habitado en su parte baja por indígenas Eperara Siapidara y comunidades negras, en su parte alta predominan comunidades campesinas e indígenas Nasa. El río nace en la cordillera occidental y limita los departamentos de Cauca y Valle del Cauca hasta su desembocadura en el océano pacífico. El acto de reconocimiento se realizó el jueves 26 de mayo de 2022 en el Hotel Estación y contó con la participación del comisionado Leyner Palacios, comunidades negras e indígenas de la cuenca, ONGs y medios de comunicación.

 

Esta región necesita y exige la especial atención por parte del Estado, la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

 

Felipe Angulo, representante legal del Consejo Comunitario del Naya, afirmó que el territorio no solo se ha vivido el flagelo de la guerra, “también vivimos de la estigmatización, todos hemos escuchado desde el 2019 que el Naya es la ruta oculta de la cocaína, es una estimación que cargamos dónde vamos los indígenas y los afro, pero déjenme decirles que nosotros no podemos negar que existen los cultivos de coca qué es producto y parte del abandono del Estado pero también desarrollamos otras actividades productivas tradicionales que nos permiten convivir y resistir en el territorio”.

 

“Nuestro agradecimiento a la Comisión de la Verdad por permitir por más de un año hacer un trabajo mancomunado con las autoridades indígenas, los consejos comunitarios y organizaciones como AINI que le han puesto el pecho a esta iniciativa con la intención que los asesinatos y las pérdidas que hemos tenido no queden impunes” reiteró Felipe Angulo.

 

 

Señaló que los diferentes programas del Estado no existen para el territorio e hizo un llamado a la comunidad colombiana para reconocer que en el Naya existe la biodiversidad cultural, invitando además a las diferentes organizaciones e instituciones del Estado a planificar de manera conjunta con las autoridades y las diferentes organizaciones, para que se tenga la oportunidad de vivir en el territorio conforme a su cosmovisión cultural.

 

Carlos Pertiaga, autoridad de la comunidad indígena Eperara Siapidara del resguardo de Joaquincito, aseguró que a pesar de la masacre del 2001 el pueblo en nayense está en resistencia, y destacó que “históricamente hemos sufrido la violencia sistemática como la invasión del territorio, la discriminación, el desplazamiento, desapariciones y masacres; estos hechos macabros han puesto en riesgo la extensión físico cultural del pueblo que habitamos en la región del Naya”.

 

“El pueblo Nasa, el pueblo campesino, el pueblo Siapiadara y comunidades negras, les decimos a la sociedad colombiana y al mundo, que cuenten con nosotros para la paz y no para la guerra”, reiteró Carlos Pertiaga.

 

Durante el acto de reconocimiento también intervino el alcalde distrital de Buenaventura, Víctor Vidal, quien agradeció a la Comisión de la Verdad por la iniciativa.

 

Igualmente se escucharon los relatos de diferentes miembros de la comunidad afro e indígena del Naya, de como vivieron los momentos terribles y desgarradores de la guerra que los afectó con la llegada de la guerrilla y posteriormente de los paramilitares.

 

 

A su turno, el comisionado Leyner Palacios Asprilla, manifestó: “qué vergüenza y qué pena me da como comisionado que tengan estas comunidades después de haber sufrido tanto, tengan que pedirnos que los reconozcamos, que existen y que están allí, comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas, más de 30.000 habitantes; por eso en el informe tengan la confianza que nos pronunciaremos sobre ese olvidó y sobre esa invisibilización y haremos una mención especial de ese sufrimiento que la comunidad indígena y afrocolombiana del Naya ha sufrido”.

 

Dijo que le da mucha pena mucha y vergüenza tener que oír nuevamente que la política del Estado que debería proteger la vida, permitió a partir de las fumigaciones áreas con glifosato que murieran 28 niños.

 

El comisionado Palacios Asprilla, exclamó: “qué vergonzoso es un país que no sea capaz de proteger a los líderes, que no sea capaz de proteger a su gente, y nos calificamos de una de las democracias más sólidas en América Latina, y somos la democracia que más violaciones de derechos humanos permite en contra de su población civil”.

 

Agregó que de cada 10 personas que fallecen en el contexto del conflicto armado 8 son población civil.