Durante esta vigencia, con corte al 31 de octubre de 2022, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha impulsado la implementación de 573 acciones de racionalización de trámites, que corresponden a 131 acciones de entidades del orden nacional y 442 acciones de entidades del orden territorial.

El reporte de la entidad señala que las acciones de racionalización han sido implementadas por 137 entidades del país, de las cuales 27 son del orden nacional y 110 del orden territorial.
 
En solo octubre, Función Pública destaca la simplificación de trámites como:

- Crédito para vivienda por cesantías y ahorro voluntario a cargo del Fondo Nacional del Ahorro, al permitir la radicación de la solicitud por medios electrónicos, evitando el desplazamiento de los usuarios hasta las instalaciones de la entidad.

- Concepto de uso del suelo a cargo de la Alcaldía de Gómez Plata, en Antioquia, con la habilitación del pago en línea del trámite.

- Actualización de la información en la base de datos del SISBÉN a cargo de la Alcaldía de Villanueva, Casanare; en donde se habilitó la opción para que el usuario actualice directamente la información a través del portal ciudadano, sin necesidad de entregar los documentos requeridos en las oficinas de la entidad. 

Para finales del año 2022, Función Pública proyecta que se implementen 700 acciones de racionalización de trámites en todo el país. 

Es importante resaltar que la Política Pública de Racionalización de Trámites busca mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado, al facilitarle a los ciudadanos el acceso a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones o el desarrollo de una actividad comercial o económica de manera ágil y efectiva frente al Estado.

Una racionalización de un trámite implica:

- Disminución de costos.
- Disminución de requisitos para llevar a cabo el trámite.
- Disminución de tiempos de ejecución del trámite.
- Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado al hacer uso de medios tecnológicos y de comunicación.
- Ampliación de la vigencia de certificados, registros, licencias, documentos, etc.
- Involucrar a los usuarios en la formulación de la estrategia de racionalización, implementar espacios de diálogo para priorizar trámites e identificar las mejores acciones de simplificación.
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