La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Wilson Escarria Camacho, un exjuez laboral de Buenaventura, Valle del Cauca, que habría fallado de manera irregular siete procesos en favor de un grupo de profesores que reclamaba el pago de los dineros que, supuestamente, les debía reconocer el empleador por retrasos en la consignación de las cesantías.

 

Los elementos de prueba indican que, en 2011, el entonces funcionario judicial, al parecer, desconoció varias normas legales para beneficiar a 800 docentes que demandaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

 

En ese sentido, se estableció que el entonces juez debía rechazar las pretensiones porque los peticionarios no anexaron el título ejecutivo que daba cuenta del posible incumplimiento por parte del empleador. Adicionalmente, se constató que asumió el estudio de hechos prescritos, y notificó sus decisiones a la Alcaldía de Buenaventura y no al fondo demandado.

 

También quedó en evidencia que fijó pagos para los docentes, más honorarios para los abogados que los representaron; y dispuso el embargo de cuentas bancarias que administraban recursos públicos para garantizar el desembolso de 11.281 millones de pesos para los profesores.

 

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó al exjuez Escarria Camacho siete eventos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 21 casos de prevaricato por acción. La etapa de juicio se realizará a instancia del Tribunal Superior de Bogotá.

 

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