Luego de once años de haberse presentado el desastre ecológico en la cuenca del río Anchicayá, originada por la apertura de las compuertas de la represa de la hidroeléctrica, lo que dio origen  a una prolongada batalla jurídica  contra la Empresa de Energía del Pacífico, identificada en este proceso, como responsable del daño echo a la comunidad. Ahora se conoce que por segunda ocasión emisarios de la empresa están visitando las viviendas de los 6 mil moradores del corregimiento Número 8, para generar un ‘acercamiento conciliador’.

 

Como se recordará en septiembre del año pasado, cuando estaba todo listo para que esta comunidad recibiera el monto de la  indemnización que ordenó el Tribunal Administrativo del Valle por casi $160.000 millones, un fallo de la Corte Constitucional echó para atrás los años de lucha judicial que lleva  buscando una compensación por los daños ocasionados al contaminar totalmente el río con la avalancha de lodo.

 

De los 46 consejos comunitarios que hoy tiene el Distrito de Buenaventura, 11 viven a orillas del afluente afectado… entre quienes ya empiezan a exteriorizarse los roses debido a las propuestas que están presentado los enviado de la Epsa a la comunidad.

 

Los mensajes públicos para que se escuchen a los enviados de la empresa ya se están difundiendo.

El 23 de junio de 2001 el departamento de ingeniería del bajo Anchicayá dio la orden de abrir las compuertas dado el alto grado de sedimentación que se tenia en la zona de la represa… de esa manera se liberaron 500 mil metros cúbicos de sedimentos que arrasaron el ecosistema del río.

 

En aquella época, tras el desastre ambiental, la CVC, autoridad ambiental en el departamento, se declaró impedida para investigar el problema ecológico, por ser accionista de la empresa eléctrica, junto a la Unión Fenosa Colombia (63,82%), Emcali (18,02%), el Municipio de Morales (0,93%), Central de Inversiones (0,91%) y el Ministerio de Hacienda (0,35%). Por esta razón, el caso pasó a manos del Ministerio de Ambiente que, tras corroborar el daño, sancionó a EPSA con una multa de $200 millones, a redoblar las especies de peces afectadas y suministrar alimentación diaria a los afectados.

 

Las comunidades que presentaron la acción de grupo contra la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) fueron el Consejo Mayor de la Comunidad Negra del Río Anchicayá, representado por Benjamín Mosquera; el Consejo Comunitario de Tapara y Humane, por Luis Antonio Valencia, y el Consejo Comunitario de Bracito y Amazonas, por Luis Venito Valencia González.

 

También los habitantes del corregimiento El Danubio, representados por Eleuterio Saa; la Corporación Mar Pacífico, por Otoniel Zamora; la Asociación Civil Pescomertil, por Cruz Elodia Aragón; la Asociación de Plataneras, Las Tintoreras, por Rafael Hurtado Colorado, y el Consejo Comunitario de Sabaletas, por Caicedo Angulo y Stella Hinestroza.