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El proyecto de recuperar el Acuaparque de Buenaventura (Valle), abandonado durante más de 10 años y convertido en un gran “Elefante Blanco”, podría quedarse en eso: la Contraloría General de la República encontró que la administración distrital pagó casi la totalidad de la obra, cuando el avance físico de la misma es mínimo y, además, los plazos del contrato se vencieron, por lo cual determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $ 3.627 millones de pesos.

 

Son varias las irregularidades financieras que detectó la CGR en una auditoría que realizó al manejo de los recursos de regalías por parte del Distrito Especial de Buenaventura.

 

Más allá de reconocer y pagar obras no ejecutadas, así como mayores cantidades de obra que no se encuentran debidamente avaladas, se encuentra que los recursos públicos no fueron invertidos en cumplimiento del objeto contractual y tampoco han sido reembolsados a la administración distrital.

 

Fue así como se giró anticipo de obra del 50 % (de $ 1.921 millones) sin haberse contratado la interventoría externa, que tiene como una de sus funciones vigilar la correcta inversión de los anticipos.

 

Durante los 3 primeros meses de ejecución, el contrato de obra careció de interventoría externa y el seguimiento al mismo fue asignado al Secretario de Infraestructura Vial del Distrito de Buenaventura.

 

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2015, cuando ya estaba vigente el contrato de interventoría externa (suscrito el 15 de noviembre), el Secretario de Infraestructura Vial, sin el aval del interventor, suscribió el acta de pago parcial 1 y solicitó el pago de la misma por valor de $ 3.413 millones (se amortizó al anticipo el 50 %, correspondiente a $ 1.706 millones, y un desembolso al contratista del 50 % por un valor similar, $ 1.706 millones).

 

Por lo tanto, se ha cancelado el 94,1%, correspondiente a $3.413 millones de los recursos. Es decir, se pagó la casi totalidad de la obra como si su avance físico correspondiera a dicho porcentaje.

 

Las obras reconocidas y pagadas en el acta de corte parcial de obra No.1 que no han sido ejecutadas, están valoradas en $ 2.509 millones.

 

Así mismo, en esa misma acta de corte parcial de obra No.1, hay mayores cantidades de obra pagadas por encima de las cantidades contratadas por un valor de $ 696 millones.

 

El total de desembolsos al contratista (anticipo más acta parcial) llega así a $ 3.627 millones, valor por el cual la CGR cuantificó el hallazgo con presunta connotación fiscal.

 

La observación tiene también incidencia disciplinaria y, por tanto, fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación.

 

Hallazgo por ampliación del plazo de terminación de las obras

 

Según la Contraloría, los hechos mencionados “reflejan una deficiente planeación y falta de control en la ejecución del contrato de obra, debido a que se realizaron los desembolsos al contratista sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, como es contar con una interventoría que avale el plan de inversión del anticipo y las obras ejecutadas para su correspondiente pago.

 

Adicionalmente, “se evidencia una clara extralimitación de las funciones de la Secretaría de Infraestructura Vial al subrogarse las competencias atribuidas a la interventoría contratada…poniendo en grave riesgo los recursos girados al contratista y que no se encuentran ejecutados en la obra”.

 

Por otro lado, el plazo para la terminación de las obras del Acuaparque de Buenaventura se amplió a 120 días adicionales, lo que permite concluir que la fecha límite para la terminación del contrato era el 30 de junio de 2016, tal y como se constató al revisar varias actas y los informes de seguimiento de la interventoría.

 

A la fecha de la visita técnica que realizaron los funcionarios de la CGR, el 18 de agosto de 2016, no había acta de suspensión, prórroga o adición que evitara el vencimiento del contrato el día 30 de junio de 2016, lo que configuró un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $3.627 millones.

 

Hallazgos fiscales por rehabilitación del Boulevard

 

Otra obra de la administración distrital de Buenaventura que tiene observaciones de la Contraloría es el proyecto de rehabilitación y protección del espacio público denominado “Boulevard Centro Histórico de Buenaventura”, donde se encontraron 2 hallazgos con presunta incidencia fiscal que suman $ 1.434 millones.

 

Las irregularidades encontradas están relacionadas con los precios pactados y calidad de algunas de las obras entregadas.

 

Se estableció inicialmente un presunto detrimento patrimonial de $ 1.200 millones, por el mayor valor que se pagó respecto al suministro e instalación de concreto estampado.

 

Este mismo ítem se encontró en la ejecución del contrato de obra No. 13061 del 18 de diciembre de 2013, que tenía por objeto la “Construcción del polideportivo barrio Las Palmas, comuna 12, zona urbana del Distrito de Buenaventura”, con un precio por la mitad del valor reconocido en el Boulevard.

 

Al igual que en el contrato del Proyecto de Adecuación del Centro Recreacional Acuaparque, en este proyecto del Boulevard no se contrató la interventoría externa desde el principio. De hecho, no la hubo durante 7 meses.

 

Fue así como lo recursos del primer desembolso efectuado en calidad de anticipo fueron girados cuando no estaba contratada la auditoría externa. En este caso, se configuró una observación administrativa con posible incidencia disciplinaria.

 

Para el organismo de control, “no era factible que mediante un acto de delegación emitido por el Alcalde Distrital dicha interventoría fuera asumida por el Secretario de Infraestructura Vial, en contravía de lo estipulado en las normas contractuales”.

 

Otra observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $ 233 millones, se dio por la deficiente calidad del ítem denominado bolardo tipo portuario, que presenta un deterioro prematuro (grietas y fisuras).

 

Tal situación se da por incumplimiento de los requerimientos técnicos especificados en los estudios y diseños presentados ante el OCAD del Distrito de Buenaventura, para la aprobación del proyecto.

 

Este posible detrimento patrimonial corresponde al valor total del ítem bolardo tipo portuario, que asciende a $ 233 millones 740 mil pesos (incluyendo el AIU - Administración, Imprevistos y Utilidad).

 

Fuente: Contraloría General de la República