Cumpliendo con todas las normas administrativas, especialmente con la Ley 617 de ajuste fiscal que vela porque los entes territoriales no se excedan en sus gastos de funcionamiento, el Departamento del Valle del Cauca volvió a su Categoría Especial.
Así lo dio a conocer hoy la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras indicar que el pasado 27 de julio de 2017 la Contraloría General de la República certificó que los gastos de funcionamiento del departamento, en relación con los Ingresos corrientes de libre destinación, se ubicaron en el 46.48 %, indicador nunca antes alcanzado por el Valle del Cauca desde la promulgación de la Ley 617 de 2000.
Ante el informe de la Contraloría General y cumpliendo con uno de sus compromisos adquiridos, la Gobernadora firmó el pasado 15 de septiembre el Decreto 010.24-143, donde se determinó en Categoría Especial al Departamento del Valle del Cauca, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000, los cuales desde la vigencia 2008 no alcanzaban niveles inferiores al 50 % en relación de ingresos corrientes vs gastos de funcionamiento, afirmó la directora de Hacienda del Valle, María Victoria Machado.
La funcionaria explicó que este importante logro se derivó del comportamiento de las finanzas departamentales durante la vigencia 2016, asociado principalmente al incremento de los ingresos que superó la barrera del medio billón de pesos, con un crecimiento del 29 % con relación al alcanzado en la vigencia 2015.
Con respecto a los gastos de funcionamiento es importante mencionar que el indicador de Ley 617 alcanzó su nivel más bajo en la última década, sostuvo la directora de Hacienda.
Lo anterior pese a los más de $ 17.000 millones en gastos de funcionamiento de la vigencia 2015 que debieron ser asumidos durante el 2016 (faltantes de apropiación en nóminas de personal activo y jubilado, arrendamientos, servicios públicos, valorización, predial, seguros y cesantías sin pagar). Y a pesar, también, de que por primera vez en la historia del Departamento se fondearan las cesantías del personal retroactivo, por valor de $ 17.170 millones.
Fueron varios frentes en los que trabajó el equipo de Hacienda, entre ellos, el crecimiento en el recaudo de los impuestos, la depuración del pasivo pensional que pasó de $ 39.000 millones a $ 3.000 millones, y la liberación de recursos a través del acuerdo de reestructuración de pasivos que contó con el concurso de la DAF, logrando liberar $ 100.000 millones para inversión social.
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