El Sistema Integral para la Paz, integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, junto con delegados de más de 20 instituciones regionales y organismos internacionales, escucharon de parte de representantes de los Consejos Comunitarios de ACABA, ACADESAN y COCOMACIA, de la Mesa de Concertación Indígena, del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y del Comité de Víctimas del 2 de Mayo, la grave crisis humanitaria que se vive en el Chocó.
Se presentaron denuncias sobre confinamiento y desplazamiento de comunidades afro e indígenas por cuenta de las disputas de control territorial que se libran entre los grupos armados presentes en la región, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, casos de violencia sexual, extorsión, afectación a la autonomía territorial de las comunidades étnicas, precaria presencia estatal y deficiencias en la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Lo que se suma a las denuncias presentadas por ocho comunidades indígenas del Resguardo Alto Guayabal del municipio de Carmen del Darién visitado entre el 27 y 29 de septiembre por la Comisión de la Verdad junto con delegaciones del cuerpo diplomático de Irlanda, Suecia y Países Bajos.
Tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, el Sistema Integral para la Paz sigue con el firme propósito de cumplir con el mandato que le fue dado a través de la justicia transicional. Cada una de las entidades que componen este sistema trabajan de manera coordinada y tienen por objetivo lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar el esclarecimiento de lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participan en él, buscar a los desaparecidos teniendo en cuenta a las comunidades étnico-territoriales y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición, para asegurar la transición del conflicto armado a la paz.
Puntualmente, las comunidades pidieron a las entidades que, en el marco de sus competencias, puedan trabajar para tener garantías efectivas de no repetición del conflicto armado, la priorización de Bojayá y el Medio Atrato como un caso territorial en la JEP y la consolidación del universo de personas dadas por desaparecidas para su búsqueda. Solicitaron a todas las entidades presentes el respaldo al “¡Acuerdo Humanitario Ya! para el Chocó”, iniciativa que insta al Estado colombiano y a los grupos armados para que a través de nueve puntos se garantice el respeto a los derechos humanos de las comunidades del departamento.
La pertinencia de estos espacios se da en un momento en que la situación humanitaria para las comunidades se ha complejizado y hay una evidente alarma por la persistencia del conflicto armado. El Sistema Integral para la Paz, en primer lugar, se solidariza con la población de Chocó por la difícil situación humanitaria y de persistencia de graves afectaciones a la dignidad humana como el reclutamiento forzado de niños y niñas, amenazas y asesinatos defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, el confinamiento en especial de comunidades indígenas y el desplazamiento gota a gota, entre otras, que fueron denunciadas por sus pobladores. En segundo lugar, trabajará desde su Comité Interinstitucional para que la situación planteada por las comunidades sea visibilizada y se tomen acciones concretas que garanticen los derechos de las víctimas y el buen vivir de estas comunidades y territorios, como lo plantea el Acuerdo Final.
En el marco de la visita también hicieron presencia los firmantes del Acuerdo de Paz con quienes se realizó seguimiento al cumplimiento y refrendación de los compromisos adquiridos por las extintas FARC-EP en el proceso de reconocimiento de responsabilidades y solicitud de perdón por los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002; en donde en uno de los peores episodios de la guerra que se ha vivido en nuestro país, más de un centenar de personas, entre ellos 48 niños y niñas, perdieron la vida por la explosión de un cilindro bomba en la iglesia de Bellavista en la que se resguardaban los pobladores de los enfrentamientos entre dicha guerrilla y las Autodefensas Unidas de Colombia.
La Comisión de Testigos insta a las partes, incluido el Gobierno nacional, a seguir trabajando para que no pasen más años sin cumplir la totalidad de compromisos con las víctimas de Bojayá. Para el Sistema Integral para la Paz es de vital importancia incluir en la agenda pública las solicitudes de estas comunidades y dar paso a las soluciones que se orientan a la exigencia de un cumplimiento sobre los acuerdos ya pactados.
Esta misión estuvo acompañada por delegados de las Embajadas de Alemania, España, Noruega, Suecia, Suiza y Países Bajos, como observadores internacionales de la situación que viven comunidades y pueblos étnicos en el Chocó. Junto con ellas también asistieron agencias de las Nacionales Unidas, entre ellas la representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos - ONU-DD.HH., la represen tante en Colombia para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA y la Misión de Verificación.
