Carlos Camargo, Defensor del Pueblo

 

“Los recientes casos de abuso, maltrato y matoneo a niños en San Bernardo del Viento, Bogotá, Soacha, Cali, Tuluá y Cúcuta nos conmueven y duelen. Nos conducen también a una reflexión sobre la corresponsabilidad en el cuidado de la niñez, esa indisoluble protección que debe brindar el Estado, la sociedad y por supuesto, la familia, con el propósito de garantizar su desarrollo integral. En ella el Estado debe generar condiciones y entornos en los que la familia pueda ser protectora”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

 

Frente a estos casos, la Defensoría se ha movilizado para prestar asesoría, acompañamiento y seguimiento para la protección de las víctimas.

 

La Dirección Nacional de Defensoría Pública a través del Grupo de Representación Judicial de Víctimas, atiende actualmente 46.257 casos por delitos cometidos contra menores de edad. La mayoría de los casos están en Bogotá, 7.547; seguido de Antioquia, 5.173; Santander, 2.961; Valle del Cauca, 2.929 y Boyacá con 2.010.

 

Solo durante 2021 la Defensoría del Pueblo recibió 30.048 casos: el 34,1 % por actos sexuales contra menores de 14 años; el 23,7 % por acceso carnal con menor de 14 años y el 16,1 % de los casos tuvieron que ver con inasistencia alimentaria.

 

“Casos como el de un niño golpeado en un jardín infantil, que una mujer lance a su propio hijo a un río, el matoneo entre estudiantes en un colegio o que se ponga en riesgo físico y mental a niños migrantes nos habla de niveles altos de violencia interpersonal, de problemas de convivencia y de violencia al interior de las familias, y también de algo de indiferencia frente a la niñez”, agregó Carlos Camargo.

 

En cumplimiento de nuestro rol de garantes de derechos humanos, hacemos seguimiento y acompañamiento en el caso de una menor de edad que fue abusada sexualmente en San Bernardo del Viento, Córdoba, presuntamente por un sacerdote, quien se entregó a las autoridades. Desde la Entidad pusimos a disposición de la víctima y de su familia el acompañamiento, asesoría y representación legal, a través de la asignación de un defensor público. Así mismo, se requirió a la EPS atención psicosocial y pedimos de manera especial a la opinión pública y a la comunidad en general respeto y solidaridad con la menor de edad y su familia, así como celeridad a la justicia.

 

En el mismo sentido hemos actuado frente a las denuncias en el colegio Marymount de Bogotá, en donde además de acusaciones en contra de un profesor por presunto acoso sexual se suman ahora otras por matoneo y agresividad contra otra estudiante, de 13 años.

 

En cuanto al niño de 3 años que fue tomado por la fuerza por quien sería una sicóloga encargada de su cuidado en un hogar particular destinado a esas actividades en el municipio de Soacha, desde la Defensoría Regional Soacha se realiza acompañamiento en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y autoridades locales al menor víctima y sus familiares.

 

Asimismo, se realiza seguimiento a la atención del equipo psicosocial en la valoración al menor y se verifican las garantías de todos los niños presentes en el lugar donde se presentaron los hechos lamentables.

 

“Desde la Defensoría hacemos un llamado a la responsabilidad de los adultos y profesionales que realizan labores de crianza infantil. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes, por eso instamos a las autoridades a ejercer la debida vigilancia y control de los lugares destinados para el cuidado infantil. Esa vigilancia es una garantía de no repetición”, enfatizó Carlos Camargo.

 

Con profundo dolor conocimos también la noticia de un niño de 6 años que fue lanzado al río Cauca por su propia madre, el pasado martes en el norte de Cali. Funcionarios de la regional Valle del Cauca garantizan la protección de los derechos humanos del menor de edad y en un oficio enviado al ICBF Regional Valle del Cauca se hizo una solicitud urgente para abrir el proceso administrativo del restablecimiento de derechos del menor y se ofreció el acompañamiento en este proceso.

 

Entre tanto, por el video que circula en redes de unos estudiantes que le hacen matoneo a una estudiante con discapacidad visual en la Institución Educativa Aguaclara de Tuluá (Valle del Cauca), la Regional envió oficios a la Alcaldía y al Secretario de Educación de Tuluá en los que se les solicitó activar de manera urgente la Ruta del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.

 

Además, se instó a la rectora del colegio a no exponer a los menores de edad a través de nuevos videos, en los que aparecen dando explicaciones. Los funcionarios estarán en el colegio en una visita formal y se les indicó que “si se requiere apoyo para la activación de la Ruta del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, estamos dispuestos a brindar el acompañamiento necesario por parte de esta Defensoría Regional Valle del Cauca”.

 

Y, por último, la Entidad hizo una visita de seguimiento y monitoreo a la situación que viven niños y adolescentes venezolanos en el puente Francisco de Paula Santander, ubicado en el barrio El Escobal, frontera con Ureña, que son estudiantes de cinco establecimientos educativos en Cúcuta y su zona rural y tenían problemas para su traslado por falta de buses escolares.

 

En esta visita se identificaron algunas situaciones que representan riesgos a la integridad física y mental de esta población, por lo cual se hicieron varias recomendaciones para proteger y exigir la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, como ampliar la oferta para movilizar a alrededor de 2.800 estudiantes; proteger la integridad de los niños y prevenir posibles episodios de violencias basadas en género.

 

A pesar de que se anunció la llegada de más buses, la Entidad seguirá vigilando el cumplimiento de esta medida y se mantiene en el sitio para observar el respeto de los derechos de los estudiantes.