El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una visita a Buenaventura para conversar directamente con las autoridades indígenas, los líderes sociales y con las comunidades étnicas afrodescendientes, para revisar la difícil situación humanitaria que viven las comunidades en esta región del Pacífico colombiano, por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, vinculados principalmente a las actividades de narcotráfico en esta región.

 

Además de las 80 familias desplazadas, las cuales cumplen dos meses de permanencia en esta ciudad vallecaucana, en la zona rural de Buenaventura la Defensoría del Pueblo también registra que unas 868 familias se encuentran confinadas.

 

“La incertidumbre y el temor siguen siendo una constante. Las familias manifiestan estar angustiadas por los grupos armados en sus territorios, y aunque quieren retornar, no cuentan con las garantías de seguridad ni la presencia institucional en el territorio”, aseguró el Defensor del Pueblo.

 

De la misma forma, Carlos Camargo hizo un llamado a las autoridades para reforzar la atención de las familias desplazadas. “En los albergues que visitamos encontramos dificultades en materia de alimentación por lo numeroso de algunas familias. No ha habido atención diferenciada en salud y se requieren jornadas de atención, principalmente para mujeres embrazadas y madres lactantes. Adicionalmente, se requiere un programa en el sitio para que los niños sigan sus procesos educativos”.

 

La disputa urbana entre las bandas criminales identificadas como Los Shottas y Los Espartanos, que hacen parte de la estructura criminal conocida como La Local; además de la presencia de guerrilleros del ELN en el corregimiento de Bajo Calima, actualmente en plena confrontación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las FARC, hace previsible un incremento en la vulneración de los derechos humanos contra la población de Buenaventura.