Por Jonathan Hurtado-Carabali

 

La comunidad de Buenaventura, en el pacífico colombiano, sufre una intensa oleada de violencia desde el 30 de diciembre de 2020. Balaceras en diferentes barrios, muertos, heridos, desplazamiento y desapariciones, además del incremento en delitos como la extorsión y el atraco, han marcado el inicio de año para la ciudad. La causa, una disputa territorial y de negocios ilegales entre bandas criminales.

 

39 días de terror

 

En el instante en que escribo este artículo recibo uno de los tantos mensajes de alerta que inundan mis redes sociales desde hace casi 40 días y 40 noches. En esta ocasión, un joven a quienes miembros de las bandas criminales intentaron robarle su moto, está siendo trasladado a una clínica de la ciudad y la policía persigue a los perpetradores. Uno de los delitos más comunes por estos días es aquel en que miembros de bandas criminales roban motocicletas para luego pedir una suma de dinero para regresarlas.

 

Lo más grave, es que en el intento de quitarle el vehículo a sus dueños suelen dispararles a quemarropa. Tal es el caso de Carlos Mina, a quien intentaron robarle su moto en la noche del 20 de enero, cuando regresaba a su casa del trabajo. Lo mismo ocurrió con una mujer joven, a quien cuatro noches después le propinaron un disparo en la cabeza en medio del robo.

 

Los atracos, saqueos a las casas de los desplazados, balaceras, artefactos explosivos y la incertidumbre sobre el sistemático cobro de impuestos ilegales (vacunas) a todos los alimentos que entran a la ciudad se dan en el marco de la guerra entre Espartanos y Chotas, quienes para las autoridades hacen parte de una misma banda, la Local, aunque la banda La Empresa también tendría responsabilidad en el asunto.

 

Movilización

 

Ante la zozobra e ineficientes respuestas a la crisis un grupo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, iniciaron el 2 de enero una campaña de visibilización en redes sociales con la etiqueta #SOSBuenaventura que logró convertirse en tendencia en Twitter el pasado 4 de febrero, consiguiendo la atención ciudadana, de medios, figuras públicas, ONG, autoridades y la comunidad internacional.

 

“Las redes sociales en esta era son fundamentales para gestar grandes movimientos, el #SOSBuenaventura se está usando en cada manifestación y se va a usar, porque es un clamor de la juventud y en general de la ciudadanía bonaverense al gobierno nacional para que mire a esta ciudad más allá del puerto”, dice Bayron Yessid Castro Caicedo, un activista y estudiante universitario de Buenaventura que junto a otros compañeros inició la campaña virtual.

 

El clamor también copó las calles y el icónico puente del Piñal, por donde se mueve gran parte del comercio internacional de Colombia, fue una vez más el escenario de movilización para exigir al gobierno de Iván Duque una mirada hacia Buenaventura que lidere la salida al problema social y de violencia que supera la capacidad del gobierno local.

 

Mientras el hashtag SOSBuenaventura se convertía en tendencia nacional, el conocido activista Leonard Rentería, junto a otros jóvenes, convocó la ciudadanía a las calles. La consigna de la movilización es “Vamos a cerrar Buenaventura. Si no tenemos paz, que el país no tenga mercancía”. Desde entonces van 3 jornadas de manifestaciones y se esperan más para la próxima semana.

 

Cabe recordar que en 2017 la comunidad de Buenaventura, junto a quien es hoy el alcalde, lideraron un paro cívico de magnitudes nunca antes vistas que exigió acciones en pro de saldar la deuda histórica del país con Buenaventura. Sin embargo, los avances van a paso lento.

Las capturas

 

La policía y demás fuerzas del estado anuncian constantes capturas. Sin embargo, los tiroteos no han cesado un solo día, y mucho menos los otros delitos. Por el contrario, la sensación de inseguridad y temor en la comunidad aumenta.

 

Si bien hay capturas, la ciudadanía cuestiona el proceso judicial por la puesta en libertad de algunos miembros de las bandas y la lentitud en procesos de inteligencia para aprehender a los más grandes cabecillas y sus posibles aliados dentro del poder económico y político de la región, pues no basta sólo con la detención de “soldados”, que son fácilmente reemplazables en medio la miseria que azota una ciudad-región sumergida en dinámicas de narcotráfico, corrupción, paramilitarismo, guerrillas y abandono estatal.

 

¿Qué dice el gobierno?

 

El ministro del Interior, Daniel Palacios, quien ha llegado este domingo a Buenaventura expresó que:

 

“Haremos un consejo de seguridad donde estará invitada la comunidad y congresistas para revisar la situación y tomar decisiones haciendo seguimiento del plan de intervención que se realizó en Buenaventura el 30 de diciembre y que hasta el momento lleva 84 capturados”.

 

No quiso referirse a las posibles acciones de intervención social hasta que termine el consejo de gobierno; pero sí envió un mensaje a los miembros de las bandas, enfatizando que todas las fuerzas del Estado en su nivel local, regional y nacional los enfrentarán.

 

Por su parte el alcalde distrital, Víctor Vidal, reconoció una vez más que se está en una situación de crisis por orden público y añadió:

 

“…lo importante es que hemos logrado llamar la atención del gobierno nacional y de las diferentes entidades del Estado, es una manera de ver cómo enfrentar la crisis; pero revisar también el fondo, el motivo de la crisis que es la disputa por controlar el territorio, eso es lo que vamos a lograr con la participación de todos los actores”.

 

En simultánea y desde el Fuerte Militar de Tolemaida, el presidente de la república, Iván Duque, informó que enviará en los próximos días a Buenaventura 120 policías más.

 

Al término del consejo de seguridad se ha conocido de manera preliminar algunas decisiones como aumento del pie de fuerza, recompensa de 200 millones de pesos colombianos por información para la captura de cabecillas de las bandas, inversión en el sistema de cámaras de seguridad, visita del director de la Unidad de Víctimas, entre otras.

 

El alcalde ha manifestó una vez más que aunque ya hay eco en el gobierno nacional y destaca el monto de la recompensa, aún se siente insatisfecho por los faltantes en inversión social.

Consecuencias económicas

 

Adicional al alto precio de los alimentos y el desabastecimiento, algunas familias perciben menos ingresos porque no pueden salir a sus ventas ambulantes o estacionarias por temor a las balas y, en los casos de algunos comerciantes, porque casi no hay quién les compre. Las plazas de mercado, las platoneras, vendedoras de marisco, peluqueros, transportadores informales y domiciliarios, entre otros, están limitados para llevar alimento a sus casas.

 

Buenaventura requiere una intervención de emergencia integral con la participación del gobierno de Iván Duque y otras instituciones de orden nacional e internacional. Es claro que el gobierno local está limitado, tanto para dar respuesta efectiva frente a la magnitud de las estructuras delictivas en conflicto, como para problemáticas de más largo aliento, por ejemplo: las mafias, que además de ejercer control territorial y ser una especie de autoridad paralela, vienen vacunando por años todos los alimentos que ingresan a esa ciudad portuaria, agudizando la situación de pobreza y miseria de la mayoría de familias.

 

Contrastes históricos

 

El puerto de Buenaventura mueve el 60 % del comercio internacional del país. Cada año la operación portuaria deja en aduanas un aproximado de 5 billones de pesos colombianos, de esa cifra, menos del 20 % se queda en Buenaventura, donde el índice de pobreza multidimensional alcanza el 66 %, 17 puntos más que la media nacional, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El 64 % de la población urbana y el 90 % de la rural son consideradas pobres. 36 % es el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, la tasa de desempleo alcanza el 62 % y 90 % de quienes trabajan lo hacen de manera informal.

 

Responsables y salidas

 

Si hablamos de actores responsables está claro que a pesar de la movilización ciudadana masiva contra la corrupción, y la incidencia para buscar salidas, todavía hay una limitación técnica de quienes están en las diferentes ramas del poder local, incluído el comité ejecutivo del paro cívico, lo que hace más lento el progreso de tantos planes rimbombantes que durante décadas han sido primera plana de periódicos, pero que no trascienden a la realidad.

 

En momentos como esta ola de violencia empieza el ping-pong, buscando quién es el culpable. La comunidad ya dio un paso grande en 2019 para derrotar en las urnas a las maquinarias politiqueras y eso hay que reconocerlo. También hay que preguntarse ¿a quién beneficia el caos de Buenaventura? ¿cómo es posible que en tantos años el Estado no haya podido desmantelar las mafias? ¿Hay contubernio con quienes vacunan los alimentos, extorsionan comerciantes y desplazan a la gente? ¿Cuáles son los resultados de la contrainteligencia?

 

Este problema va más allá de las rutas del narcotráfico y de las limitaciones de quienes están en el poder. Hay intereses políticos mezquinos que en vez de sumar, aprovechan la situación para retomar su poderío en pro de beneficios particulares mientras el barco en el que navegan todos, se hunde.

 

La gente quiere y necesita vivir en paz. Sin balaceras, sin vacunas, sin una autoridad paralela que parece tener más fuerza que el Estado. Necesitan vivir en paz y la salida está en manos del poder político, la fuerza pública y los poderes económicos del país con sus aliados. La salida al atraso y el conflicto en Buenaventura requiere de unidad y articulación de voluntades.