En la mañana del lunes 18 de abril de 2016, las comunidades de los 12 consejos comunitarios asentados en la cuenca del río Anchicayá, marcharon exigiendo el cumplimiento de la Empresa de Energía del Pacífico del fallo que busca resarcir el daño causado hace 15 años cuando se abrieron las compuertas de la represa, lo que generó un deterioro ambiental de incalculables proporciones.

 

En su comunicado, los marchantes indicaron que se quedarán por tres día en el Bulevar del Centro de Buenaventura, desde donde exigirán la pronta justicia, verdad, reparación y no repetición de los hechos en lo concerniente el daño causado en el año 2001 por la empresa de energía del Pacífico (EPSA).

 

Agregan que al arrojarse al río más de 500.000 metros cúbicos de lodo contaminado, acumulados en el embalse, acabaron con la fauna y la flora acuática del río, la acuicultura, la pesca, la movilidad y la salud humana; además del daño ecológico ocasionado dejando a la población en situación calamitosa hace más de 15 años y hasta el momento no ha sido posible resarcir el daño económico, social, ambiental y cultural.

 

Uno de los líderes de los concejos comunitarios, Silvano Caicedo, aseguró que se le está pidiendo al Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura que obedezca y cumpla con lo ordenado por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle, concerniente al pago inmediato de la indemnización de acuerdo a la sentencia emitida el 7 de septiembre del año 2009.

 

Dijo que al EPSA se le pide que asuma su responsabilidad y respete el fallo, realizando el pago inmediato de la indemnización y que ellos están haciendo una protesta de forma pacífica.

 

Silvano Caicedo

 

La EPSA responde

 

En relación con las acciones de hecho que se adelantan en Buenaventura, EPSA informa:

 

· Que no comparte las acciones de hecho como mecanismo para ejercer presión sobre la compañía o sobre las autoridades judiciales, que tienen a cargo la acción de grupo instaurada por las comunidades de Anchicayá en contra de EPSA, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; por los supuestos perjuicios causados durante el mantenimiento realizado en 2001 en la central hidroeléctrica Bajo Anchicayá.

 

· Como resultado de una acción de tutela interpuesta por EPSA para la defensa de sus derechos fundamentales, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de Estado realizar una revisión de fondo de las sentencias emitidas por el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura y por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en 2009, declarando su no exigibilidad; es decir, que mientras no se resuelva el proceso ante el Consejo de Estado, no se pueden hacer efectivas las sentencias; la revisión que hará el Consejo de Estado también implica el análisis de las pruebas con base en las cuales se calculó la indemnización.

 

· Recientemente y en concordancia con la decisión de la Corte Constitucional, el Juzgado Primero Administrativo de Buenaventura emitió un auto mediante el cual ratificó que no era exigible el pago de la sentencia emitida en 2009. Teniendo en cuenta lo anterior, EPSA no se encuentra obligada a pagar valor alguno a la fecha.

 

· EPSA espera que como consecuencia de la revisión que debe realizar el Consejo de Estado, la valoración económica de los impactos generados por la operación de la central hidroeléctrica en 2001 correspondan a la realidad de los hechos. Para ello, la compañía en las instancias judiciales correspondientes ha entregado estudios científicos realizados por reconocidas universidades de Colombia que acreditan que fue sobredimensionada la valoración de los impactos con base en la cual fueron emitidos los fallos en contra de EPSA y de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC; además en el expediente reposan pruebas practicadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que dan cuenta de los hechos ocurridos y su verdadera magnitud.

 

· La compañía venía conciliando con las comunidades bajo parámetros objetivos de reparación, ya que considera que ésta es la solución más idónea y que además favorece el diálogo y el relacionamiento entre la comunidad y la empresa. Sin embargo, este proceso que se venía adelantando desde 2013, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, se suspendió debido a que la última sentencia de la Corte Constitucional dejó sin efectos las conciliaciones que ya habían sido aprobadas en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. EPSA sigue abierta a esta posibilidad conciliatoria bajo los términos acordados con las comunidades en su momento y actualmente existen los mecanismos para lograrlo.

 

· La compañía reitera su respeto por las decisiones de las autoridades judiciales y por ello acata el fallo de la Corte Constitucional, lo que le permite continuar ejerciendo su derecho fundamental a la defensa, para garantizar que los recursos de la compañía y de sus accionistas, entre los que se encuentran entidades públicas como CVC, EMCALI y la Nación, sean protegidos.

 

· Finalmente, EPSA ratifica su voluntad de seguir trabajando comprometida para aportar al desarrollo social de las comunidades donde tiene presencia, construyendo relaciones de confianza y sostenibles de largo plazo.