“Se nos puso en conocimiento que algunos sectores de la sociedad se encontraban inconformes por la forma en que se desarrollaría la elección de los representantes de la comunidad en el Comité del Fondo Autónomo para Buenaventura, por ello quisimos reunirnos con los miembros del paro cívico y aclarar las dudas con respecto a este tema”, así lo informó la alcaldesa encargada Magaly Caicedo Castro, al término de un Consejo Extraordinario de Seguridad, que fue convocado con el fin de tratar dicho tema.

 

Señaló la mandataria que quienes conforman el Comité Ejecutivo del paro, reconocieron no contemplar un punto importante para realizar dicha elección, por tanto, decidieron replantear la fecha de la misma, no sin antes socializar los cambios que realizarán.

 

“El Ministerio Público les sugirió estudiar nuevamente la Ley 1872 de 2017. De igual manera, solicitamos que con tiempo se informara sobre la realización del proceso, puesto que necesitamos tener conocimiento de cómo dicha organización plantea la actividad y garantizar que se lleve a cabo de la mejor manera”, explicó Caicedo Castro.

 

Por su parte, el personero Distrital, Jesús Hernando Rodríguez Perea, manifestó que desde tempranas horas se le había solicitado al Comité suspender las elecciones. “Recibimos varias quejas por parte de varias organizaciones que aseguran no haber sido tenidas en cuenta para la realización de dicho proceso y que no se estaba actuando de acuerdo a la Ley que creó el Fondo. Razón por la cual, les pedí que analizaran el espíritu de la misma y así determinar si están equivocados o, por el contrario, están actuando de acuerdo a la norma”, dijo Rodríguez Perea.

 

Según el representante del Ministerio Público, se está interpretando que la Ley 1872, en su Artículo 6, Parágrafo 1º., habla que el Comité puede hacer su propio reglamento. “A mi forma de ver, esto no es modificatorio de la Ley y las reglamentaciones las hace el Gobierno. Es por ello que se les hizo el llamado de hacer un análisis de la misma”, concluyó el personero.

 

Víctor Vidal, miembro del Comité, indicó que la asamblea fue suspendida debido a que se quiere evitar enfrentamientos con la comunidad. “Reconocemos la disposición de la Administración, la Fuerza Pública y entes de control, para que la asamblea de elección se realice cuando lo decidamos”, añadió.

 

El abogado Remberto Quiñones Albán, señaló que “últimamente el Comité del Paro Cívico mostró las uñas. Excluye a las verdaderas, comunidades que deben conformar la junta administradora del fondo. Están tratando de elegir los miembros allegados a ellos mismos; cuando la Ley indica que deben ser los representantes de la comunidad, es decir, consejos comunitarios, juntas de acción comunal y representantes de las comunidades indígenas. Consideramos que se ha perdido la razón de ser del comité y que se empezará un enfrentamiento con la comunidad que no se ve representada a través de ellos. La convocatoria a estas elecciones, además, fue ilegal”.

 

Finalmente, Rosita Solís, quien lidera procesos de consejos comunitarios, indicó que al no tener en cuenta quienes pertenecen a estas asociaciones en la elección, se están violando sus derechos humanos. “La Ley es clara e informa que se debe coordinar una reunión con las autoridades indígenas, que son 22, además de los 46 consejos comunitarios y las 136 juntas de acción comunal, pero esto no se hizo por parte de los compañeros del Comité del Paro”, enfatizó la líder.