La historia del conflicto en Colombia ha demostrado la necesidad de darle trámite al problema que más ha perjudicado al campo y sus habitantes: la disputa por la tierra. Para dar solución, nació la restitución de tierras, una política que ha sido celebrada por muchos y criticada por otros.

 

Con el fin de informar mejor a la opinión pública, a continuación el Gobierno Nacional pone de presente los avances de la ejecución de la política y clarifica malos entendidos en relación con algunos aspectos propios de la implementación.

 

En pocas palabras:

 

• A cuatro años de la sanción de la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras ha estudiado 840.600 hectáreas, de las cuales, 452.500 fueron puestas en manos de los jueces especializados en restitución y las otras 388.100 no clasificaron para ir a juez. A la fecha, los jueces han devuelto más de 100 mil hectáreas de tierra que benefician a cerca de 15 mil personas víctimas del conflicto armado.

 

• Se han desembolsado más de $ 30 mil millones para proyectos productivos de familias restituidas.

 

• En trabajo conjunto con el Banco Agrario, se han entregado subsidios por $ 30 mil millones para subsidios de vivienda rural.

 

• La Unidad de Restitución de Tierras ha puesto en manos de los jueces de restitución más de 400 mil hectáreas de tierra.

 

• Actualmente existe intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en 940 municipios ubicados en 17 departamentos del país.

 

• El 99 % de las sentencias contemplan beneficios especiales para las mujeres.

 

• Por primera vez en la historia, Colombia cuenta con una base de datos que registra los predios despojados del país.

 

1. Avances en la implementación de la Ley 1448 de 2011

 

Mensaje:

 

La política de restitución de tierras ha culminado de manera exitosa su etapa administrativa sobre más de 840.000 hectáreas de tierra en todo el territorio nacional.

 

Desarrollo:

 

El proceso de restitución de tierras se compone de dos etapas: una administrativa, en la que se recolectan pruebas acerca de la ocurrencia del despojo o abandono violento de tierras, responsabilidad del Gobierno Nacional a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras; y una etapa judicial, en la que es escuchado el opositor, se practican las pruebas de las partes y se decide si se restituye o no la tierra. Esta etapa está a cargo de los jueces y magistrados especializados en la materia.

 

En términos de extensión, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, ha llevado ante los jueces solicitudes por 452.914 hectáreas, por encontrar que se cumplieron los presupuestos exigidos por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Frente a estas solicitudes, jueces y magistrados, han decidido favorablemente la restitución de cerca de 100.000 hectáreas.

 

De igual forma, el Gobierno, a través de su Unidad de Restitución de Tierras, ha decidido no llevar ante los jueces de restitución solicitudes que sumadas reclaman 388.000 ha.

 

Lo anterior permite destacar que el proceso de restitución ha culminado su etapa administrativa sobre un total de más de 840.000 ha.

 

2. Sobre las 6’000.000 de hectáreas a restituir

 

Mensaje:

 

Nunca ha habido una meta oficial para la política de restitución expresada en número de hectáreas.

 

Desarrollo:

 

Dada la precariedad de la información catastral con la que cuenta el país en zonas rurales y zonas de conflicto (donde se materializó el despojo de tierras), nunca se estableció una meta en hectáreas.

 

A pesar de la inexistencia de información catastral, estudios independientes como el de Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes y el de Luis Jorge Garay de la Comisión de Seguimiento a la Política de Atención al Desplazamiento Forzado, han calculado una extensión cercana a los dos millones de hectáreas despojadas.

 

3. Sobre el trámite de solicitudes y el ritmo de ejecución

 

Mensaje:

 

A pesar de estar implementando la política en medio del conflicto, el Gobierno, a través de la URT, tras solo tres años de ejecución de la política, ha finalizado el trámite administrativo del 25 % del total de las solicitudes de restitución de tierras presentadas por los colombianos.

 

Desarrollo:

 

Con corte al 29 de mayo, se han recibido un total de 77.833 solicitudes de restitución. De estas, el 43 % (33.863) se encuentran en zonas de implementación de la política, previamente habilitadas por el Ministerio de Defensa Nacional después de considerar las favorables condiciones de seguridad existentes. A su vez, el 25 % del total de las solicitudes recibidas ya fue tramitado administrativamente y el 60 % de las tramitadas (11.342) fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas.

 

4. Sobre las 360.000 solicitudes

 

Las 360.000 reclamaciones, mencionadas en el documento Conpes 3712, hacen referencia a un estimativo sobre el número de casos a atender que se realizó para el diseño de la política. Un estimativo no es un universo y mucho menos una meta.

 

A la fecha se han recibido 77.833 solicitudes de restitución de tierras, esta sí es una cifra real en relación con el número de solicitudes.

 

La meta actual del Gobierno incluida en el Plan Nacional de Desarrollo es llegar a un total de 50.000 solicitudes tramitadas en el actual cuatrienio.

 

Desarrollo:

 

Tras describir las limitaciones técnicas y materiales para establecer con exactitud el número de personas que deberían ser sujetos de reparación integral, el Conpes 3712 señala que esta constituye una labor inacabada e imperfecta y por ello concluye: “Las cifras resultantes del ejercicio de estimación son indicativas, sujetas a verificación y deberán revisarse por parte de las autoridades competentes conforme avance el Registro Único de Víctimas (RUV)”.

 

En esta labor se encuentra actualmente el Gobierno a través de sus entidades competentes.

 

5. Sobre el número de solicitudes que deberá atender la política de restitución de tierras

 

Mensaje:

 

La meta de la política de restitución de tierras es resolver el 100 % de las solicitudes de restitución de tierras presentadas por las víctimas. En eso se enfoca el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras.

 

Desarrollo:

 

Ante las dificultades técnicas y materiales para establecer un universo de población a atender, destacadas en el Conpes 3712, la meta de la política no puede ser otra que la de tramitar todas las solicitudes que sean del conocimiento de la Unidad de Restitución de Tierras.

 

6. Sobre la microfocalización

 

Mensaje:

 

En un escenario de conflicto como el que vive Colombia, la microfocalización garantiza la seguridad de quienes implementan la política y de quienes son objeto de la misma. Es el mecanismo para articular el cumplimiento de dos obligaciones esenciales del Estado colombiano: garantizar la materialización del derecho a la restitución, y a su vez, proteger los derechos a la vida e integridad personal de todos los involucrados.

 

El Gobierno Nacional no está dispuesto a poner en riesgo la vida de las personas involucradas por lograr la restitución de tierras.

 

Gracias a esta herramienta de política, ninguna persona restituida ha sido nuevamente desplazada de sus tierras.

 

Desarrollo:

 

La focalización con la que se implementa la política fue aprobada por el Congreso de la República a través del contenido del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, el cual señala que: “El registro [de tierras despojadas] se implementará en forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la existencia de condiciones para el retorno”. Esta fue una decisión del Legislativo, no una iniciativa del Gobierno.

 

A través de la microfocalización se garantizan las condiciones de seguridad para:

 

- Los reclamantes y sus familias

 

- Todos los demás intervinientes (URT, jueces y magistrados)

 

- El retorno seguro, que es el objetivo final de la política

 

Además, la focalización permite una implementación ordenada y una eficiente ejecución de los recursos.