Por Fabio Martínez

La inquisición en España fue una institución creada por los reyes católicos Fernando e Isabel, quienes, en aras a luchar por la unidad nacional, se inventaron una maquinaria jurídica y de muerte para perseguir a los árabes y judíos. Luego de esta persecución xenofóbica, la inquisición se extendió a las brujas, los hombres de ciencia, los artistas y escritores.

 

Esta macabra institución, que se prolongó en España hasta 1821, fue importada a América y aquí duró alrededor de doscientos años. En el continente la inquisición se dedicó a perseguir indios, negros, mestizos, científicos y todas aquellas personas e instituciones que pensaban distinto.

 

En Colombia hay una novela extraordinaria sobre la persecución que sufrió por parte de la inquisición la bruja Genoveva Alcocer y sus amigos astrónomos, cuyo único delito era hacer experimentos con un telescopio viejo desde la azotea de una casona en Cartagena de Indias. Me refiero a ‘La tejedora de coronas’, de Germán Espinosa.

 

De la inquisición descrita por Espinosa al día de hoy han pasado trescientos años; sin embargo, el fantasma del inquisidor todavía ronda en nuestra imaginación, actúa y toma decisiones, absolviendo a unos y condenando a otros.

 

Me refiero a la figura del Procurador Alejandro Ordóñez, quien, apoyándose en los artículos 277 y 278 de la Constitución, que deben ser revisados por el Congreso, viene extralimitándose en sus funciones y tomando decisiones por encima del Presidente de la República y de los organismos internacionales de control de los Derechos Humanos.

 

Como espejo fiel de un país anacrónico que pareciera seguir viviendo en el siglo XVIII, Ordóñez fue un niño católico, apostólico y romano, que en su juventud quemó libros y siempre tuvo un odio visceral (quizás por aquello de la ‘unidad nacional’) a todo pensamiento que fuera distinto a su ideología.

 

Desde que fue elegido Procurador General de la República, el alto funcionario comprendió muy bien el autogol que le metieron al país los constitucionalistas del 91, donde se le otorgaba plenos poderes. Desde su posesión en el cargo, a Ordóñez, fungiendo de juez y parte, no le tembló la mano para llevar a cabo una campaña contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo; se opuso a la unión matrimonial de las minorías sexuales; y persiguió a los políticos de izquierda como Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Gustavo Petro, quienes han estado en la hoguera política del país.

 

Frente al proceso de paz, nuestro inquisidor ha hecho viaje hasta La Haya, pasando por encima del presidente Santos, demostrando así que hace parte de las legiones medievales del país, que desean seguir en la borrachera de la guerra.

 

Sé que Colombia, con sus mujeres bellas; sus playas, que son como las mujeres; su introducción en las TIC; y sus tratados de libre comercio, es un país moderno del siglo XXI. Pero aquí, desde el alto funcionario del Gobierno hasta el vecino de casa se dan el lujo de violar todos los derechos.

 

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Fabio Martínez