La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional, identificó a tres de los señalados articuladores de una red narcotraficante que estaría involucrada en el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína desde el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) hacia Centroamérica y Europa.

 

La organización ilegal, al parecer, contactaba y pagaba a integrantes de la Policía Nacional que cumplían funciones en la terminal marítima para que permitieran el ingreso del estupefaciente a las bodegas de carga, y facilitaran el posterior camuflaje en contendores que salían del país con piña enlatada, abono orgánico y plástico molido, entre otros productos.

 

Adicionalmente, la estructura criminal recibía de algunos uniformados información privilegiada sobre los movimientos portuarios, así como la programación de llegada y salida de los buques que transportan mercancía. Con estos detalles, presuntamente, se planeaba la logística de entrada y ocultamiento de los alijos.

 

En diligencias realizadas en Buenaventura fueron capturados los posibles articuladores de la red. Se trata de Justino Coral Perea, alias Tío; Jim Brayan Coral Pretel, alias Brayan; y Ronal Montaño Mariñez. A estas personas les fueron incautados 330 millones de pesos y 875 kilogramos de clorhidrato de cocaína, en tres procedimientos distintos.

 

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los detenidos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir.

 

Por disposición de un juez de control de garantías, todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

 

Afectación a las finanzas ilegales

 

De manera simultánea al proceso penal, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 16 bienes que figuran a nombre de los posibles cabecillas y personas cercanas a la red narcotraficante.

 

Las propiedades afectadas ascienden en valor a 2.600 millones de pesos. Se trata de 2 establecimientos de comercio, 5 sociedades de papel, 5 inmuebles urbanos y 4 vehículos, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en Cali, Jamundí y Buenaventura, Valle del Cauca; y Apartadó, Antioquia.

 

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes ocupados.

 

Fuente: Fiscalía