Foto archivo centro de reclusión de Buenaventura

 

El 1 de julio de 2017, cerca de 12.000 personas que se encuentran privadas de la libertad por delitos comunes podrán obtener su libertad, esto debido a que en el año 2015, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia promovieron ante el Congreso de la República la aprobación de la Ley 1760, con la cual se busca disminuir la cantidad de personas que se encuentran en las cárceles del país y así evitar el hacinamiento.

 

La personería aduce que esta medida puede traer algunos problemas a la sociedad.

 

A quienes se les recarga el trabajo será a la fuerza pública, pues tendrá que estar más vigilante para evitar que dichos delitos no se vuelvan a repetir.

 

Tanto el Fiscal general como el Procurador Fernando Carrillo anunciaron la presentación de un proyecto de ley el 20 de julio, en el que propondrán la despenalización de un amplio número de delitos que podrán ser perseguidos y sancionados de otras formas, como es el caso de la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno o la expedición de cheques sin fondos, entre otros.